La justicia actúa contra El Flakito pero la guerra entre cárteles sigue

En un movimiento que expone las grietas del sistema judicial frente al crimen organizado, la jueza federal Guillermina Matías Garduño vinculó a proceso a Pablo Edwin Huerta Nuño, alias El Flakito, señalado como cabecilla de una alianza entre los cárteles de Tijuana y el CJNG. Sin embargo, la decisión dejó fuera delitos clave, revelando cómo las estructuras del narcotráfico evaden el peso total de la ley.

¿Qué pasa cuando el sistema judicial no alcanza a desmantelar las redes completas? Este caso lo demuestra: mientras El Flakito y sus presuntos cómplices enfrentan cargos por narcotráfico y armas, delitos como usurpación de funciones o uso de uniformes militares quedaron fuera, abriendo preguntas sobre la eficacia de las estrategias actuales.

La detención en Colonia Fundadores no fue casual. Tras años de negociaciones con el CJNG para combatir al Cártel de Sinaloa, Huerta Nuño se convirtió en un eslabón clave en la violencia que azota Baja California. Su supervivencia a un atentado en 2023 prueba la crudeza de esta guerra silenciosa, donde las balas escriben las reglas.

Mientras las autoridades celebran la captura, la pregunta incómoda persiste: ¿arrestar líderes realmente desactiva la violencia? La historia sugiere lo contrario: cada vacío de poder genera más caos. Si el sistema no innova —por ejemplo, atacando flujos financieros o corrupción local—, estos procesos judiciales solo serán parches en una herida abierta.

El caso de El Flakito es un síntoma. La solución requiere pensar más allá de las celdas: ¿y si en lugar de perseguir individuos, se desmontan los ecosistemas que los alimentan? La verdadera disrupción estaría en atacar las raíces, no las ramas.