Un nuevo aplazamiento en un camino lleno de obstáculos
La Comisión de Puntos Constitucionales ha decidido posponer “hasta nuevo aviso” la sesión clave de este lunes. En mi larga trayectoria observando el trabajo legislativo, he aprendido que estos aplazamientos indefinidos rara vez son casualidad. La reunión, donde se debatiría y potencialmente aprobaría el dictamen de la reforma constitucional, buscaba alinear el proceso de revocación de mandato con la jornada electoral intermedia de 2027. La experiencia me dice que cuando un tema catalogado como “prioritario” se estanca repetidamente, hay fuerzas y cálculos políticos complejos en juego que trascienden el debate técnico.
La brecha entre el discurso y la acción legislativa
Este es el segundo freno que sufre la dictaminación. Recuerdo cuando, a inicios de noviembre, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, colocó esta iniciativa y la de eliminación del fuero en la cima de la agenda. Sus palabras fueron claras: dar a la ciudadanía un mecanismo de control sobre la Presidencia era una prioridad. Sin embargo, en la práctica legislativa, he visto que lo declarado como urgente a menudo choca con la realidad de los tiempos políticos, los acuerdos entre bancadas y la búsqueda de momentos estratégicos. La primera suspensión el 10 de noviembre ya fue una señal; esta segunda confirma un patrón de dilación.
El trasfondo político: más allá de la letra de la ley
La propuesta, presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar en septiembre, lleva meses navegando aguas turbulentas. Aquí es donde la teoría constitucional se topa con la cruda realidad política. La acusación del coordinador del PRI, Rubén Moreira, de que se busca crear una “coyuntura campañista” para la presidenta Claudia Sheinbaum en 2027, no es un argumento novedoso. A lo largo de los años, he sido testigo de cómo las reformas con alto valor simbólico son moldeadas, y a veces secuestradas, por las necesidades electorales del momento. Su advertencia sobre que la presidenta y los candidatos de su partido podrían capitalizar una campaña conjunta apunta al corazón de un debate recurrente: ¿se fortalece la democracia o se instrumentaliza un mecanismo de rendición de cuentas?
Una reflexión desde la experiencia: el calendario como campo de batalla
La Constitución vigente, con su diseño cuidadoso para evitar que la revocación coincida con otras elecciones, nació de una lección histórica: separar los procesos para darles claridad y autonomía. La reforma propuesta, al buscar la sincronización con las intermedias, plantea un dilema práctico que he visto en otros contextos. Por un lado, podría aumentar la participación y reducir costos. Por el otro, como bien señalan las críticas, corre el riesgo de mezclar y contaminar agendas políticas distintas. La verdadera sabiduría en estos casos, aprendida tras décadas de observar cambios institucionales, reside en discernir si el cambio de calendario sirve al espíritu ciudadano del instrumento o principalmente a la maquinaria electoral de un partido. Este nuevo retraso en comisión es, más que un trámite, un síntoma de la profunda complejidad de esa pregunta.
