El máximo tribunal de México se encuentra inmerso en una disrupción jurídica sin precedentes, evaluando la posibilidad de revisar sentencias firmes ante indicios de maquinaciones fraudulentas. Una propuesta respaldada por cinco ministros desafía los paradigmas legales tradicionales, enfrentando el anhelo social de equidad sustantiva con la rigidez de los protocolos procesales, un debate que ya ha captado la atención del ecosistema mediático nacional.
El posicionamiento del Ejecutivo y Morena
La presidenta Claudia Sheinbaum y la cúpula de Morena han establecido una postura clara, respaldando la inmutabilidad de los fallos judiciales y la estabilidad del sistema legal. Frente a esta posición, la ministra Lenia Batres aboga por una justicia correctiva, sosteniendo que el tribunal constitucional debe tener la potestad de enmendar resoluciones viciadas por dolo, incluso si esto conlleva reevaluar litigios aparentemente concluidos.
El caso emblemático que motiva esta controversia involucra un litigio mercantil donde un patrimonio inmobiliario fue transferido a una corporación para simular insolvencia y eludir una obligación alimentaria. La iniciativa de Batres propone aplicar normativa civil de ámbito local a un conflicto de naturaleza mercantil federal, una aproximación que ha generado escepticismo entre otros magistrados sobre la viabilidad de decretar la nulidad dentro del marco normativo actual.
La dialéctica jurídica: Innovación vs. Tradición
Los defensores de la medida enfatizan que la formalidad procesal no debe obstruir la realización material de la justicia. Los críticos, en contraste, advierten que la creación de instancias de revisión no previstas en la ley socava la certidumbre jurídica y el principio de autoridad de la cosa juzgada. El proyecto de sentencia requiere una mayoría calificada de seis votos para establecer un nuevo precedente, un umbral que actualmente no cuenta con el consenso necesario.
Este debate tiene profundas raíces en la evolución del pensamiento jurídico mexicano: Batres fue pionera en la defensa de la figura de nulidad de juicio concluido durante su etapa como asesora del entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador. La Corte contemporánea busca resucitar este mecanismo para implementarlo en controversias federales, encontrando la oposición de quienes argumentan que ni la Carta Magna ni la legislación secundaria en vigor contemplan esta facultad.
