La sombra de la violencia ensombrece las elecciones en Veracruz

¿Qué se esconde detrás de los disturbios que han marcado la jornada electoral en Veracruz? Testimonios recabados por este medio revelan un patrón alarmante: desde quemas de vehículos hasta bloqueos estratégicos, una serie de incidentes coordinados han puesto en jaque el proceso democrático en la entidad.

En Chalma, municipio ubicado en la región huasteca, las llamas consumieron un automóvil frente al domicilio de Alberta Lara Alvarado, madre de un exalcalde y actual funcionario estatal. ¿Simple coincidencia o mensaje intimidatorio? Fuentes policiales confirmaron a este medio que el incendio fue contenido, pero no así el clima de temor.

Mientras tanto, en Mandinga, Alvarado, toneladas de arena cortaron el paso a votantes. Habitantes relataron a nuestro equipo el movimiento de camionetas con presuntos armados, detonando protestas ciudadanas. “Tuvimos que despejar la vía con nuestras propias manos”, declaró un residente bajo condición de anonimato.

Documentos del SIJE obtenidos en exclusiva evidencian denuncias por veto a representantes de partidos en 25 municipios. Sergio Martínez, delegado del Partido Verde, alertó sobre estas irregularidades: “Están cerrando el acceso a observadores en casillas clave”.

En reunión con el OPLE, coaliciones opositoras presentaron pruebas de condicionamiento de votos mediante programas sociales. Federico Salomón Molina (PAN) fue contundente: “Hay un uso sistemático de recursos públicos para distorsionar la voluntad popular”.

La investigación revela conexiones inquietantes: 3,000 elementos de la Guardia Nacional fueron movilizados ante reportes de grupos armados en zonas conflictivas. Diputados federales confirmaron a este medio que recibieron alertas sobre la participación de funcionarios municipales en actos de coacción.

Ramón Ángel Flores (PT) advirtió: “Estamos documentando cómo ciertas estructuras de poder local están torciendo las reglas”. Mientras, Meztli Tlahuitl (PRI) hizo un llamado a proteger las actas: “La democracia no puede ser otra víctima de la violencia”.

Este medio mantendrá la vigilancia sobre las investigaciones. Las preguntas persisten: ¿Quién coordina estas acciones? ¿Por qué se concentran en el centro y norte veracruzano? Las respuestas podrían redefinir el mapa político de la región.