La persistente sombra de un magnicidio
A lo largo de mi carrera como analista político, pocos casos ilustran tan bien la compleja relación de México con su historia y su justicia como el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Han pasado 31 años, y aún hoy, la noticia de la recaptura de Jorge Antonio Sánchez Ortega, un ex agente del CISEN señalado como el segundo tirador, me transporta a aquellas conversaciones de pasillo en los tribunales, donde siempre se susurraba que la versión oficial era insuficiente.
El fin de semana, un juez federal dictó auto de formal prisión contra Sánchez Ortega por su probable participación en el homicidio calificado del excandidato presidencial del PRI. He sido testigo de cómo casos de alta sensibilidad pueden reabrirse no necesariamente por nuevas pruebas, sino por coyunturas políticas. La experiencia me ha enseñado a observar estos movimientos con una mezcla de esperanza y profundo escepticismo.
La justicia tardía como narrativa política
Coincido con la aguda observación del abogado constitucionalista Pablo Andrei Zamudio Díaz: la reactivación de este expediente le permite al gobierno sostener la narrativa de que la justicia, aunque llegue con décadas de retraso, eventualmente llega. He visto esta estrategia repetirse a lo largo de los años. El verdadero problema, y aquí hablo desde la trinchera de quien ha analizado la evolución del sistema judicial, es que la justicia actual sigue sin operar con la eficacia que la ciudadanía demanda.
La Fiscalía General de la República (FGR), bajo la dirección de Alejandro Gertz Manero, ha decidido revivir la teoría del “segundo tirador“. Recuerdo cuando esta misma hipótesis fue desechada, luego recuperada y vuelta a archivar desde 1994. En mi trayectoria, he aprendido que cuando un caso se reabre sin evidencia técnica novedosa o peritajes contemporáneos, suele obedecer a una lógica que va más allá del mero interés jurídico.
Lecciones de un expediente debilitado por el tiempo
Lo que más me preocupa, y lo digo con la perspectiva que dan décadas de seguir estos procesos, es que esta decisión refleja una tendencia institucional peligrosa. Zamudio Díaz lo advierte con precisión: la justicia histórica avanza mientras la justicia del presente permanece estancada. He comprobado en carne propia cómo los expedientes se debilitan con los años, acumulando irregularidades, omisiones y silencios oficiales que los vuelven casi inservibles para llegar a una verdad contundente.
La ironía con la que el abogado menciona la posibilidad de que pronto se hable de ‘nuevas pistas’ en crímenes centenarios, como el de Francisco Villa, no es gratuita. Me recuerda una lección que me dejó un viejo profesor: un sistema judicial saludable se mide por su capacidad para resolver los casos del hoy, no solo por su afán de reescribir el ayer. Esta resurrección del caso Colosio, sin los elementos contundentes que el paso del tiempo exige, parece más un ejercicio de memoria selectiva que una genuina búsqueda de cerrar heridas históricas.
