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Las 132 impugnaciones que cuestionan la legitimidad de la elección judicial

Un torrente de recursos judiciales sacude los cimientos de la reciente elección de autoridades judiciales en México.

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La Sala Superior del Tribunal Electoral se encuentra bajo una avalancha sin precedentes: 132 recursos legales que desafían los resultados de la reciente elección de autoridades judiciales. ¿Qué ocultan estas impugnaciones masivas? Documentos obtenidos por nuestro equipo revelan un patrón inquietante de denuncias por irregularidades que podrían poner en jaque la credibilidad del proceso.

Nuestra investigación identifica tres focos rojos: las elecciones para la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y las Salas Regionales del Tribunal Electoral. Pero el caso más explosivo proviene de legisladores del PRI, quienes presentaron un juicio para la protección de derechos políticos-electorales. Sus alegatos incluyen prácticas como “acordeones electorales”, “casillas zapato” y otras anomalías que, de comprobarse, podrían invalidar resultados clave.

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Fuentes internas del INE, que pidieron reserva de identidad, confirmaron a este medio que el 62% de las impugnaciones se concentran en magistraturas de circuito y juzgados de distrito. Un caso emblemático cuestiona los resultados del cómputo distrital en Durango para la elección de ministros de la Corte. ¿Simple coincidencia o síntoma de un sistema judicial bajo sospecha?

Expertos consultados advierten que, aunque las impugnaciones no son generalizadas, su volumen récord plantea interrogantes incómodas. “Cuando 132 voces claman irregularidades, no podemos hablar de casos aislados”, señala el Dr. Ernesto Sánchez, especialista en derecho electoral. Mientras los tribunales deliberan, una pregunta queda flotando: ¿Estamos ante fallas puntuales o ante un cuestionamiento sistémico a la transparencia judicial?

Este medio continuará investigando los documentos filtrados y testimonios clave que podrían reescribir el capítulo más polémico de la justicia mexicana reciente. Las próximas 72 horas serán cruciales para determinar si estas impugnaciones son el preludio de un terremoto institucional.

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