Nacional
Los vínculos ocultos entre políticos y el crimen organizado en México
Revelan conexiones inquietantes entre políticos y grupos criminales en múltiples regiones de México.

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a José Ascensión Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán, Jalisco, por su presunta relación con el caso del rancho Izaguirre. Este funcionario, afiliado a Movimiento Ciudadano (MC), no es el único miembro del partido vinculado a redes delictivas. ¿Hasta qué punto la política mexicana está infiltrada por el crimen organizado?
En diciembre pasado, Anabel Ávila Castrejón, alcaldesa de Coalcomán, Michoacán, generó polémica al reconocer públicamente a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un evento navideño. La difusión de estos videos llevó a la FGR a investigar posibles nexos con grupos criminales.
En Zacatecas, Mauro Yuriel, exalcalde de Apulco, fue destituido tras ser acusado de colaborar con Gerardo González Ramírez, alias “El Geras”, cabecilla del CJNG en la región. Un audio reveló cómo ambos presionaron a un policía estatal para que se uniera a sus filas bajo amenazas a su familia.
Taxco también enfrentó su propia sombra: Mario Figueroa Mundo, exalcalde postulado por MC, está prófugo por cargos de desaparición forzada. Durante su mandato, el cártel La Familia Michoacana consolidó su control sobre productos básicos y aumentó la violencia.
En Morelos, el asesinato de Mario Aguirre Gutiérrez, hermano de un candidato de MC, expuso supuestos lazos con grupos delictivos. Dos días después, un comando atacó a trabajadores municipales, dejando un mensaje sangriento contra la campaña electoral.
Pero los escándalos no se limitan al crimen organizado. Alejandra Morales, excandidata de MC en San Nicolás, enfrentó cargos por violencia política de género, mientras que líderes como Jorge Álvarez Máynez y Dante Delgado han sido denunciados por difamación y amenazas.
En Nuevo León, 14 militantes de MC recibieron arraigo domiciliario tras tomar el Congreso estatal en 2023 para bloquear la designación de un gobernador interino. ¿Es esta una estrategia sistemática o una serie de coincidencias alarmantes?
Estos casos revelan un patrón perturbador: la delgada línea entre la política y el crimen en México. Si las instituciones no actúan con firmeza, la democracia podría convertirse en un teatro controlado por intereses ocultos.

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