CIUDAD DE MÉXICO.— En un escenario de polarización extrema, el pleno de la Cámara de Diputados dio luz verde a la nueva Ley General de Aguas y a una profunda reforma de la Ley de Aguas Nacionales. El debate, cargado de acusaciones cruzadas entre la coalición gobernante y la oposición, evidenció la fractura política en torno a la gobernanza del recurso hídrico, un tema de seguridad nacional en la era climática actual.
Mientras legisladores de Morena, PT y PVEM defendían la normativa como un golpe a la corrupción y al acaparamiento, las bancadas del PRI, PAN y MC la calificaron de autoritaria y lesiva para el sector agropecuario. Fuera del recinto, la tensión se materializó con el bloqueo de accesos por parte de centenares de productores agrícolas y transportistas, quienes anunciaron la radicalización de sus protestas ante lo que perciben como una traición.
El núcleo de la transformación hídrica
El eje de esta legislación vanguardista es una arquitectura de sanciones sin precedentes. Se establecen multas que pueden superar los 4.5 millones de pesos y penas de hasta ocho años de prisión para quienes comercialicen, cedan o desvíen el uso de concesiones de agua. La norma decreta explícitamente que los derechos de concesión no son transmisibles, buscando descapitalizar un mercado gris del recurso.
Además, el marco legal introduce conceptos clave para la resiliencia del siglo XXI, como la regulación formal de la captación pluvial para uso doméstico y define con claridad las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno en materia de acceso, disposición y saneamiento. Se incorpora un catálogo específico de delitos hídricos, reflejando una visión de justicia ambiental acorde con las demandas sociales actuales.
Un debate entre dos visiones del futuro
Durante la sesión, la narrativa visual fue contundente: pancartas que acusaban a la oposición de corrupta se enfrentaron a otras que denunciaban el abandono al campo y un afán de control estatal. El diputado Jesús Martín Cuanalo (PVEM) destacó que, tras el diálogo, se lograron más de 50 modificaciones al dictamen original, incluyendo salvaguardas para el uso agropecuario familiar y la ampliación de plazos para renovaciones.
En contraste, la oposición argumentó que la reforma representa una centralización peligrosa del recurso. “Esta reforma es recaudatoria, centralista y dañina. Ustedes quieren controlar el agua, nosotros queremos garantizarla”, denunció el diputado Paulo Gonzalo Martínez (PAN), encapsulando la disputa entre una visión de seguridad hídrica con férrea regulación estatal y una que prioriza la autonomía de los usuarios.
La aprobación, lograda en una sesión convocada bajo la figura de “urgente resolución”, marca un punto de inflexión en la política hídrica de México. Ahora, el foco se traslada al Senado y a la capacidad del Estado para implementar un modelo de gestión que equilibre la sostenibilidad del recurso, la justicia social y la productividad económica en un contexto de estrés hídrico creciente.
