Un frente común contra la extorsión: tecnología y coordinación en la nueva era de la seguridad
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha definido un nuevo paradigma en la política de seguridad: la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión y su homologación en los 32 estados no son solo una reforma legal, sino el núcleo de una estrategia colaborativa para desmantelar este delito de raíz. Se trata de una arquitectura de seguridad proactiva, donde la inteligencia y la acción coordinada reemplazan la reactividad.
“Los datos hablan: una reducción del 37% en homicidios dolosos y caídas significativas en robos con violencia. Es el resultado de una sinergia entre instituciones. El siguiente objetivo es claro: aplicar esa misma metodología disruptiva para que, en la próxima sesión, podamos reportar un descenso histórico en los casos de extorsión”, declaró la mandataria durante la 52ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Este nuevo modelo da un giro radical: la persecución de oficio libera a la víctima de la carga de la denuncia, y el registro telefónico biométrico se convierte en una herramienta clave para neutralizar el uso de las telecomunicaciones con fines delictivos. Es una respuesta del siglo XXI a un crimen del siglo XXI.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presentó un balance contundente de esta ofensiva: más de 38,700 detenciones por delitos de alto impacto, el aseguramiento de miles de armas y toneladas de narcóticos, y el desmantelamiento de infraestructura criminal. En la lucha específica contra la extorsión, se han capturado a más de 600 implicados en 22 entidades, evidenciando el alcance nacional de la operación.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó que la Estrategia Nacional de Seguridad integra a 53 dependencias en un esfuerzo sin precedentes. La táctica va más allá de la contención, atacando las causas estructurales con Jornadas de Paz y programas de desarme que han logrado la entrega voluntaria de más de 8,700 armas de fuego.
Desde el Ministerio Público, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos se comprometió a fortalecer la coordinación mediante un plan de seis ejes que incluye un nuevo modelo de investigación basado en inteligencia, la modernización de la Agencia Criminal y la reorientación de recursos hacia los delitos de mayor impacto social.
La hoja de ruta está en marcha. La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional, Marcela Figueroa, informó que, por unanimidad, se aprobaron 11 acuerdos clave. Entre ellos, se instruye a los gobernadores armonizar sus marcos jurídicos estatales con la ley federal antes de enero de 2026, y a la Fiscalía General, crear un manual operativo especializado para febrero del mismo año. Un cronograma preciso para una implementación acelerada.
Gobernadores como María Teresa Jiménez (Aguascalientes), Manolo Jiménez Salinas (Coahuila) y Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán) respaldaron la iniciativa, reconociendo que los resultados de esta coordinación federalista ya son tangibles en sus territorios y celebrando la creación de un marco normativo homogéneo y robusto para combatir este flagelo.
