El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, puso sobre la mesa un hecho que habla más que mil discursos sobre seguridad. La transferencia de 37 individuos catalogados como ‘criminales’ y ‘narcoterroristas’ a territorio estadounidense.
Esto no es una operación rutinaria. Johnson lo enmarcó como una demostración tangible de la ‘voluntad compartida’ para desmantelar a los grupos del crimen organizado. Un gesto concreto en una relación que a menudo se debate en declaraciones.
En sus redes sociales, el diplomático conectó este movimiento con el panorama político actual. Aseguró que, tras un año de la llegada de Donald Trump a la presidencia, la colaboración con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha sido ‘histórica’.
“Desde que Donald Trump asumió el cargo hace un año, él y la presidenta Claudia Sheinbaum han colaborado de una manera histórica”,
publicó Johnson.
El mensaje del embajador fue directo al señalar el objetivo común:
“La transferencia realizada ayer de actores criminales y narcoterroristas para que enfrenten la justicia en los Estados Unidos demuestra la voluntad compartida de desmantelar las redes de cárteles y los grupos narcoterroristas dondequiera que operen”,
expresó.
Desde Palacio Nacional, la visión mexicana añadió matices cruciales. La presidenta Sheinbaum aseguró que la entrega fue una decisión soberana del Estado mexicano.
No fue una simple aceptación. Según su versión, se tomó tras una solicitud formal del Departamento de Justicia estadounidense y, algo clave, después de un análisis interno del Consejo Nacional de Seguridad. Se pintó así como una acción deliberada y evaluada, no una concesión automática.
La imagen que acompaña al comunicado oficial muestra a ambos mandatarios en un encuentro previo, recordando el canal diplomático por el que se mueven estas decisiones.
