El gobierno federal ejecutó una operación de seguridad para trasladar a veinticinco internos considerados de alta peligrosidad desde centros penitenciarios de Michoacán hacia prisiones federales de máxima seguridad. La medida, enmarcada en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, busca desarticular núcleos de poder criminal al interior del sistema estatal y fortalecer el control en estas instalaciones. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), explicó que los trasladados fueron seleccionados bajo criterios técnicos específicos. Estos individuos exhibían comportamientos de liderazgo negativo dentro de los penales, incitaban a desórdenes, mantenían vínculos delictivos activos con el exterior y poseían capacidad económica suficiente para corromper al personal administrativo o de custodia. Su permanencia en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) estatales representaba, según el análisis de inteligencia, un riesgo tangible para la estabilidad operativa.
“Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, para fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario, se llevó a cabo un operativo de traslado de 25 personas privadas de la libertad de Ceresos de Michoacán hacia centros penitenciaros federales”.
La evaluación de riesgo señalaba que estos internos podían facilitar el reagrupamiento de células criminales desde la prisión, incrementar tensiones violentas entre grupos rivales al interior, y orquestar motines o actos de presión colectiva que comprometieran la seguridad. El traslado a instalaciones federales, con protocolos de control más estrictos y dispersión geográfica, es una estrategia diseñada para aislar su influencia y fragmentar sus redes de mando.
Además, representan “un riesgo para la estabilidad de los centros penitenciarios estatales. Su permanencia en penales estatales implicaba riesgos de reagrupamiento criminal, incremento de tensiones internas, posibles motines y actos de presiones colectivas”, detalló.
… Dichas personas presentaban comportamientos de liderazgo negativo, incitación a desórdenes, vínculos delictivos activos y capacidad económica para corromper personal, además de representar un riesgo para la estabilidad de los centros penitenciarios estatales, enfatiza… — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) December 14, 2025
Frente a especulaciones sobre posibles extradiciones, García Harfuch aclaró que, al momento de la operación, ninguno de estos veinticinco reclusos contaba con una orden de extradición activa por parte de Estados Unidos. Esto descarta, por ahora, que la medida responda directamente a solicitudes internacionales, centrando su objetivo en la seguridad interna del sistema penitenciario mexicano. La logística del operativo fue compleja y requirió una coordinación interinstitucional significativa. Los traslados fueron ejecutados por elementos especializados de la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Seguridad del Sistema Penitenciario. Para garantizar la seguridad durante el movimiento, se desplegó un amplio dispositivo que incluyó acompañamiento terrestre de la Guardia Nacional, vigilancia de escolta y seguridad perimetral proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Este nivel de despliegue subraya el perfil de alto riesgo atribuido a los trasladados. Los internos fueron distribuidos estratégicamente en cuatro Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos) en diferentes estados de la República, buscando evitar su concentración y dificultar la comunicación entre ellos. Diez reclusos fueron enviados al Cefereso número 14, ubicado en Durango; cinco al Cefereso número 4 en Nayarit; otros cinco al Cefereso número 5 en Veracruz; y los cinco restantes al Cefereso número 18 en Coahuila. Esta dispersión geográfica es una práctica estándar en el manejo de población carcelaria de alta peligrosidad, destinada a romper lazos y minimizar su capacidad operativa. Esta acción refleja un enfoque técnico frente a un problema persistente: el control de los centros penitenciarios por parte de líderes criminales. La capacidad de ciertos reclusos para dirigir actividades ilícitas desde dentro de la prisión, corromper sistemas y generar violencia, convierte a las cárceles en nodos críticos para la seguridad pública. El traslado a instalaciones federales, aunque es una medida de contención y no una solución de fondo, representa un intento por recuperar la autoridad institucional dentro de los muros y desactivar puntos de tensión que pueden desbordarse hacia las calles. El éxito de esta estrategia dependerá de la continuidad de las acciones, la mejora en los sistemas de inteligencia penitenciaria y la capacidad para prevenir que nuevos liderazgos negativos ocupen los vacíos de poder que deja esta reubicación.
