México y Estados Unidos han alcanzado un acuerdo para gestionar el déficit en la entrega de agua comprometida en el Tratado de Aguas de 1944, desactivando temporalmente la amenaza de aranceles comerciales del 5% que había planteado el presidente estadounidense, Donald Trump. En un comunicado conjunto difundido este viernes por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ambos gobiernos detallaron un plan para el envío gradual de 249 millones de metros cúbicos de agua, cantidad que la administración Trump reclamaba como parte de un adeudo pendiente antes de que finalice el año. Los trasvases comenzarán el próximo lunes y el plazo para completar la entrega total se extiende hasta el 31 de enero.
En el documento, México reconoce explícitamente la existencia de un déficit con su vecino del norte. Al otro lado de la frontera, agricultores, el gobernador de Texas y el propio presidente Trump han venido reclamando el cumplimiento de una obligación pendiente que, según sus cálculos, supera los 986 millones de metros cúbicos. La SRE señaló que se revisó una serie de acciones para cumplir con las obligaciones del tratado, incluyendo “la retribución oportuna del déficit excepcional del ciclo de agua anterior”. Este entendimiento llega después de múltiples advertencias públicas del mandatario republicano, quien llegó a acusar a México de “robar” agua a los agricultores texanos en sus redes sociales.
El acuerdo se produce en un contexto de extrema presión y tras la declaración del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en abril, donde argumentó la imposibilidad material de cumplir con el tratado debido a una severa sequía que afecta a los estados norteños de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El Tratado de 1944 obliga a México a entregar anualmente a Estados Unidos 2.185 millones de metros cúbicos de agua procedentes del río Bravo, que sirve como frontera natural entre ambos países. La escasez ha generado una crisis paralela entre los productores agropecuarios mexicanos, quienes también han visto comprometidos sus cultivos y ganado.
La tensión ha sido simétrica. En Texas, las quejas del sector agrícola, que sufre una situación de sequía comparable, escalaron desde las protestas locales hasta convertirse en un tema de agenda nacional en Washington. La retórica de Trump cristalizó esta presión en una amenaza concreta de consecuencias comerciales. “Seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla”, escribió el presidente en su plataforma Truth Social el pasado mes de abril. Este marco de confrontación potencial otorga un carácter de urgencia y relevancia estratégica al acuerdo anunciado.
El entendimiento bilateral, sin embargo, es más un calendario de pagos que una solución de fondo. Ambos países se comprometieron a seguir negociando para finalizar un nuevo plan de cumplimiento antes del próximo 31 de enero, fecha que coincide con el límite para completar los envíos de agua acordados. Esto sugiere que las conversaciones técnicas y diplomáticas continuarán en un escenario complejo, donde los factores climáticos y las demandas políticas internas de ambas naciones ejercen una influencia determinante.
Mientras la administración Sheinbaum inicia el proceso para saldar esta deuda hídrica internacional, enfrenta simultáneamente un desafío doméstico de gran magnitud. Los agricultores mexicanos llevan meses movilizados, incluso con protestas frente al Congreso, en rechazo a la nueva Ley de Aguas promovida por la presidenta y aprobada el pasado 4 de diciembre tras una maratónica sesión legislativa. Esta ley busca reformar la gestión del recurso en México, pero ha generado temores entre los productores sobre su acceso futuro al agua. Así, el Gobierno se encuentra en una posición delicada, obligado a honrar un tratado internacional bajo la amenaza de sanciones económicas, al tiempo que debe gestionar la escasez y el descontento social dentro de su propio territorio.
La resolución de este conflicto bilateral dependerá, en gran medida, de la capacidad de ambos países para diseñar un mecanismo de gestión del tratado que sea más flexible y adaptativo a las realidades climáticas extremas, como las sequías prolongadas que afectan a toda la cuenca del río Bravo. El acuerdo actual evita una escalada comercial inmediata, pero deja pendiente la tarea esencial de modernizar un marco legal concebido hace más de ocho décadas, para que responda a los desafíos hídricos del siglo XXI.
