En un acto de profunda modestia republicana, los guardianes de la justicia han decidido blindarse. No sus sentencias, claro, sino sus traslados. Nueve mastodontes sobre ruedas, esos Jeep Grand Cherokee, ahora protegen a quienes deben proteger el derecho.
El comunicador Chumel Torres, con la resignación de un veterano, lo resumió así:
“A mí para nada me afecta que los políticos tengan cosas de lujo a costa del pueblo. Crecí en el priísmo. Estoy acostumbradísimo.”
Una declaración que es un monumento al cinismo adaptativo. Lo que realmente escuece no es el cuero de los asientos, sino la contradicción. Se predica austeridad con un megáfono mientras se firman cheques para vehículos que cuestan más que la casa de muchos.
El Órgano de Administración Judicial sale al quite: todo es legal, todo está en el reglamento del 2019. La seguridad lo exige. Parece que la única cosa que debe renovarse cada cuatro años sin falta son estos tanques urbanos.
Mientras tanto, en las redes sociales arde la pregunta: ¿dónde quedó el ‘pueblo bueno’ cuando se reparte el presupuesto? La molestia ciudadana apunta al núcleo del asunto: la distancia entre el discurso y los hechos.
La Corte insiste en que son solo herramientas de trabajo necesarias. Pero en el imaginario público, cada llanta nueva es un recordatorio de que algunas prioridades parecen estar mejor blindadas que otras.
