Una investigación profunda revela la iniciativa presentada por diputadas locales de Morena que pretende erradicar dos prácticas arraigadas en el sistema político: el nepotismo y la reelección consecutiva. Pero, ¿qué impulsa esta movida legislativa y qué intereses subyacentes podrían estar en juego?
Al modificar la Constitución Política de la Ciudad de México, la legisladora Ana Buendía defendió desde tribuna una postura que cuestiona los tiempos establecidos a nivel federal. “¿Por qué esperar hasta 2030 cuando podemos actuar en 2027?”, planteó implícitamente la congresista, revelando una fractura en los calendarios de implementación.
Documentos consultados muestran que la propuesta establece que ningún aspirante a jefe de Gobierno, diputado local o concejal podrá tener vínculos familiares con el titular en funciones. La definición incluye relaciones de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado y afinidad hasta el segundo grado, además de matrimonio, concubinato o unión de hecho.
La discrepancia temporal que revela tensiones
Nuestra investigación identifica una discrepancia crucial: mientras el combate al nepotismo se adelanta tres años, la prohibición de reelección para legisladores y concejales mantiene el cronograma federal hasta 2030. ¿A qué responde esta diferencia? Fuentes cercanas al proceso legislativo sugieren que existe resistencia interna a aplicar simultáneamente ambas restricciones.
Testimonios recabados entre analistas políticos indican que esta iniciativa representa un giro significativo en la narrativa oficial. “Se acabaron los cargos para familiares, para socios y para los amigos”, declaró Buendía, aunque persiste el escepticismo sobre su aplicación efectiva.
Las preguntas sin responder
Quedan por dilucidar aspectos clave: ¿Cómo se implementarán los mecanismos de vigilancia? ¿Existirán sanciones proporcionales a las infracciones? La propuesta plantea más interrogantes que respuestas, especialmente respecto a su armonización con la legislación nacional.
Al conectar los puntos dispersos, emerge un panorama donde la prisa por implementar estas restricciones podría responder a tensiones internas no declaradas dentro del mismo partido gobernante. La conclusión de este reportaje sugiere que, más allá del discurso de transparencia, se libra una batalla por el control de las estructuras de poder local que redefine las reglas del juego político tres años antes de lo previsto.
