Morena propone recentralizar las fiscalías estatales en el ejecutivo

El partido Morena y sus coaligados impulsan una transformación sin precedentes: revertir la autonomía de las Fiscalías Generales estatales para reintegrarlas al control del poder ejecutivo. ¿Es este el fin de un experimento institucional o el inicio de una nueva era en la justicia local?

El senador Waldo Fernández reveló que esta iniciativa disruptiva —avalada por PT y PVEM— cuestiona abiertamente el modelo actual: “La autonomía no ha cumplido su promesa de eficiencia”. La propuesta plantea que los gobernadores recuperen la facultad de designar fiscales, aunque manteniendo la independencia de áreas clave como anticorrupción y delitos electorales.

Este movimiento se enmarca en una tendencia nacional: la administración federal ha reconfigurado instituciones como el INAI, Cofece y CRE, priorizando la coordinación sobre la independencia. ¿Podría esta reingeniería institucional optimizar la rendición de cuentas o representa un retroceso democrático?

En Nuevo León, epicentro del debate, la Fiscalía Autónoma —creada en 2018 tras años de consenso— ahora es señalada como fuente de tensiones políticas y lentitud procesal. Fernández argumenta: “Los ciudadanos exigen respuestas, y los gobernadores necesitan herramientas para darlas”. Sin embargo, críticos advierten sobre riesgos de politización y pérdida de contrapesos.

La Presidenta Sheinbaum ha preferido postergar el debate hasta concluir la reforma judicial federal, mientras sectores académicos plantean una tercera vía: ¿Y si en lugar de centralizar o aislar, rediseñamos el modelo con mecanismos híbridos que combinen agilidad con supervisión ciudadana?

Este experimento constitucional podría redefinir el pacto federal mexicano. Mientras algunos ven una oportunidad para sincronizar la procuración de justicia con las demandas sociales, otros perciben un cambio de paradigma que merece un debate profundo sobre los límites entre eficiencia y autonomía.