El gobierno federal está moviendo ficha en uno de los temas más espinosos del campo mexicano. Anunció el Plan de Justicia para los trabajadores agrícolas de San Quintín, Baja California, una región conocida por su alta producción de berries pero también por historias de tratos laborales inadecuados.
La idea es simple pero ambiciosa: poner fin a los abusos. El plan incluye la creación de un centro de atención integral que se encargará de defender los derechos de los jornaleros y supervisar cómo se hacen los contratos. Una especie de guardián contra las malas prácticas.
Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, desglosó el proyecto. Dijo que se basa en nueve ejes prioritarios. Entre ellos destacan el trabajo digno con seguridad social, salud, vivienda adecuada y un apartado especial para las mujeres, quienes han enfrentado violencia, especialmente las jornaleras.
“Cuando nuestra Presidenta tomó protesta estableció en el compromiso 63 que habríamos de trabajar por la seguridad social de los jornaleros agrícolas y los pescadores. Y el Plan de Justicia busca cumplir este compromiso”, expresó Montiel Reyes.
La funcionaria explicó que desde junio se ha estado trabajando en un diagnóstico participativo para afinar la estrategia. El anuncio oficial del plan está previsto para este sábado.
Pero las acciones no empezaron hoy. Durante la conferencia matutina desde Tijuana, Montiel detalló que varios equipos del gobierno ya han estado sobre el terreno. Funcionarios de las secretarías de las Mujeres, Educación Pública, Desarrollo Agrario y Bienestar visitaron San Quintín para escuchar directamente a la gente.
Uno de los esfuerzos más importantes fue un censo casa por casa realizado entre julio y septiembre. Se recorrieron todas y cada una de las viviendas de los trabajadores agrícolas y de quienes han hecho su vida en el municipio. El objetivo: tener una radiografía precisa de las necesidades.
¿Por qué tanto enfoque en San Quintín? Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, Montiel Reyes lo dejó claro. Es una región clave que produce fresas, moras y otras berries. Allí trabaja mucha gente originaria del sur del país, de comunidades indígenas de Oaxaca, Guerrero y Veracruz.
El mensaje final del gobierno es directo: buscan terminar con injusticias laborales históricas en los campos donde crece parte de la riqueza agrícola nacional. Ahora toca ver si el plan cumple con su promesa.
