La administración de Claudia Sheinbaum está en el ojo del huracán. Abogados y familiares de personas vinculadas al crimen organizado la acusan de saltarse la ley.
El lunes, denunciaron que el gobierno envió a casi un centenar de ciudadanos mexicanos a Estados Unidos sin una orden de extradición. Esto, dicen, viola el debido proceso.
“México hoy se encuentra presentando una fuerte presión en materia de seguridad y cooperación con Estados Unidos”, señaló Yarey Sánchez Lagunas, abogada de dos personas trasladadas. “Esto nos obliga a preguntarnos… si este tipo de decisiones están siendo utilizadas para mostrar resultados políticos”.
Los traslados suman 92 detenidos desde febrero. Para analistas, son una ‘ofrenda’ para calmar las amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump, quien ha hablado de acciones militares contra cárteles.
El gobierno defiende su postura. Argumenta que las entregas son legales y responden a razones de seguridad nacional. Washington, por su parte, asegura que los detenidos eran buscados por crímenes en su territorio.
Pero las críticas no cesan. Vanesa Guzmán, pareja de un presunto líder criminal enviado la semana pasada, interpuso una demanda penal. Acusa a altos funcionarios, incluido el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, de “traición a la patria”.
“El envío de mi pareja no es otra cosa que un destierro”, subrayó Guzmán. “Al día de hoy no sabemos de él”.
Los abogados sostienen que sus clientes fueron privados del derecho a impugnar los traslados. Ahora que están fuera del país, las opciones legales se reducen.
Sin embargo, hay voces que apoyan la medida. Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la DEA, elogió la acción.
“Sheinbaum lo hizo para mejorar la cooperación con el gobierno de Estados Unidos”, declaró Vigil. Señaló que estos individuos suelen operar desde las prisiones mexicanas y que estas ‘vías rápidas’ son valiosas para hacerles frente a la justicia.
La polémica legal apenas comienza. Mientras el gobierno prioriza la seguridad y la relación con EU, los defensores insisten en que el fin no justifica los medios.
