Apenas tres meses en funciones y ya navega en aguas turbulentas. La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera elegida por voto popular, tuvo un fin de semana que puso a prueba su promesa de renovación.
El primer choque fue interno. Siete ministros se opusieron a un párrafo del proyecto de Lenia Batres sobre la cosa juzgada. El apartado se aprobó por mayoría, pero el debate dejó al descubierto las primeras grietas en el Pleno.
Finalmente, el apartado fue aprobado por mayoría, lo que dejó evidentes tensiones entre los integrantes del Pleno.
Pero la polémica saltó a la calle con un gasto que muchos consideraron excesivo. La adquisición de nueve camionetas blindadas tipo Jeep, con un costo de entre 1.1 y 1.8 millones de pesos cada una (sin blindaje), generó críticas inmediatas. La respuesta de la Corte fue rápida: anunció que los vehículos no serían utilizados y se gestionaría su devolución o reasignación.
La sombra del gasto se extendió a otros frentes.
- Un retrato encargado de la ministra Batres que, según la Corte, nunca se realizó, pese a tener una artista adjudicada.
- Viajes y ceremonias de ministros, como la participación de Loretta Ortiz Ahlf en Costa Rica y un ritual tradicional con costo superior al millón de pesos.
Frente a las críticas por una percepción de opulencia, la institución ha salido a defender su postura.
La SCJN explicó que la ministra no participó en la contratación ni en los términos del mismo, y reiteró su compromiso con la austeridad.
El mensaje es claro: transparencia y apego a la norma. Pero para una corte que llegó con el mandato popular de cambiar las cosas, estos primeros cien días han estado más marcados por las preguntas que por las respuestas. La promesa de una justicia distinta choca contra la realidad de sus primeros procedimientos y gastos.
