La historia no empezó con un comunicado de prensa. Empezó con miles de fans, los ARMY, frustrados frente a sus pantallas, preguntándose por qué el proceso para conseguir una entrada para ver a BTS se había convertido en una pesadilla. Esa frustración colectiva tuvo un eco inesperado en Palacio Nacional.
Iván Escalante, el titular de la Profeco, tomó la palabra en la conferencia mañanera y soltó la bomba. No era solo una queja más. La autoridad iniciaba un procedimiento formal contra Ticketmaster. La acusación: falta de claridad, pura y simple. ¿Qué no te dijeron antes de apretar el botón de compra?
“Se está haciendo ya el cálculo… pero nosotros calculamos que es una multa que puede llegar hasta los más de cuatro millones de pesos”, indicó Escalante.
Cuatro millones de pesos. La cifra resuena, pero lo crucial está en los detalles. Profeco no solo reaccionó a las denuncias; las rastreó. Identificaron problemas antes de la compra, un punto clave. Y aquí viene lo interesante: hicieron un exhorto directo a Ticketmaster para que transparentara costos con anticipación. ¿Lo cumplió la plataforma?
La investigación sacó a la luz más prácticas cuestionables. No hubo venta física en el Palacio de los Deportes ni en el GNP Stadium, cerrando una vía tradicional para muchos. Y luego están las plataformas de reventa internacionales, señaladas por prácticas “abusivas y desleales”. El ecosistema completo del ticket está bajo la lupa.
Pero Escalante no se quedó en el anuncio punitivo. Reveló una jugada estratégica: la habilitación de un canal exclusivo de denuncias para conciertos y espectáculos. Es una herramienta permanente, un micrófono siempre abierto para el consumidor.
“Cada vez que se identifique que hay alguna falta a la ley,” explicó el titular cuando le preguntaron si la multa era un caso único.
El mensaje es claro: esto no es un golpe mediático aislado. Es el inicio de una línea dura. Mientras tanto, en segundo plano, Profeco ya trabaja en la elaboración de lineamientos para regular publicidad, información y venta de boletos.
La revelación final no es solo la multa millonaria. Es el cambio de paradigma: la presión colectiva en redes sociales se transformó en acción regulatoria concreta. La próxima vez que una plataforma ocupe ese espacio gris entre lo permitido y lo ético, habrá un canal directo y una autoridad dispuesta a escuchar y actuar.
