Puebla decreta prisión por insultos digitales y aplasta la libertad de expresión

Puebla, el nuevo paraíso de la utopía orwelliana, ha decidido que la mejor forma de combatir la inseguridad es… ¡encarcelando a quien critique al gobierno en Twitter! Con la solemnidad de un decreto real, el estado —gobernado por Morena con la delicadeza de un elefante en una cacharrería— ha promulgado su “Ley de Ciberseguridad”, aunque los ciudadanos la llaman, con más precisión, la “Ley Mordaza 2.0”.

El artículo 480 del Código Penal, redactado con la ambigüedad propia de un horóscopo, establece que “comete delito quien insulte, ofenda o agravie en redes sociales”. ¿Qué constituye un insulto? Nadie lo sabe, pero sospechamos que incluye desde un meme con la cara del gobernador hasta un comentario sobre el tráfico infernal de la ciudad. La justicia, como siempre, será selectiva: aplicable a opositores, pero no a bots oficialistas.

Mientras organizaciones como Artículo 19 advierten sobre el efecto congelador para la libertad de expresión, el gobierno se frota las manos. ¿Críticas a la gestión de la pandemia? ¡Cárcel! ¿Denuncias de corrupción? ¡Tres años entre rejas! Eso sí, los trolls pagados por el partido oficial pueden seguir difamando impunemente. La igualdad ante la ley, como el unicornio, es un lindo mito.

Para colmo, la ley se viste de progreso al incluir delitos como hacking o grooming, pero su verdadero objetivo es claro: silenciar disidencias bajo el disfraz de “protección emocional”. ¿El resultado? Un estado donde un chiste malinterpretado puede costarte más que robar un banco. Bienvenidos a la distopía poblana, donde la única opinión permitida es el aplauso.