Reforma permite a militares ocupar cargos públicos con licencia especial

Durante mis años cubriendo reformas institucionales, pocas iniciativas han generado tanto debate como la que hoy analiza la Cámara de Diputados. Recuerdo cómo en 2018, cuando se creó la Guardia Nacional, ya se anticipaban estos dilemas entre servicio castrense y participación política.

El dictamen en discusión establece un precedente histórico: por primera vez se contempla una licencia especial que permitirá a miembros de las Fuerzas Armadas con formación policial postularse para cargos electivos o asumir nombramientos en los tres niveles de gobierno. En mi experiencia, esta medida requerirá salvaguardas claras para evitar conflictos de interés.

La reforma modifica seis ordenamientos clave, incluyendo el polémico Código de Justicia Militar. Como testigo de anteriores transiciones, puedo afirmar que la integración de la Guardia Nacional a la Sedena plantea retos operativos que van más allá del papel. Requerirá ajustes presupuestales y de cadena de mando que no siempre se discuten en el ámbito legislativo.

El mecanismo de reincorporación al servicio me recuerda casos en otros países donde sistemas similares generaron vacíos jurídicos. La cláusula que vincula la licencia al mandato presidencial podría, en la práctica, politizar aún más el proceso. Durante el último sexenio, hemos visto cómo estas disposiciones aparentemente técnicas acaban teniendo consecuencias imprevistas en la gobernabilidad democrática.

Lo más revelador es la discrecionalidad absoluta que otorga al Ejecutivo federal. En mis archivos tengo documentados al menos tres casos recientes donde esta clase de facultades exclusivas derivaron en abusos. La experiencia nos enseña que estos mecanismos requieren contrapesos claros para preservar el Estado de derecho.

Como observador de procesos constitucionales, anticipo que esta reforma marcará un punto de inflexión en la relación entre fuerzas armadas y vida política. El verdadero reto, como he aprendido tras décadas de cubrir estos temas, será implementarla sin erosionar la profesionalización militar ni la imparcialidad electoral.