La Red Nacional de Refugios (RNR) y una coalición de organizaciones de la sociedad civil han lanzado un llamado de emergencia al gobierno federal: liberar ya los fondos asignados para 2025. A dos meses del cierre del ejercicio fiscal, estos espacios de protección crítica aún no reciben el presupuesto completo, una negligencia que traspasa la burocracia y se convierte en una amenaza directa.
“Esta dilación paraliza la atención y pone en riesgo vidas humanas. Evidencia, una vez más, que las transformaciones institucionales no se traducen en una agenda feminista tangible, centrada en los derechos y la integridad de mujeres, niñas y niños”, denunciaron las organizaciones.
La exigencia central: prioridad presupuestaria y reconocimiento
En un manifiesto respaldado por la Casa Hogar para Mamás Solteras “Rita Ruiz Velasco”, la Casa Refugio de la Procuraduría de Durango y el Centro de Apoyo Opciones Dignas, entre otras, se alerta sobre un retroceso peligroso. La integración genérica de los refugios en programas amplios borra su papel crucial, desdibujando una política pública salvavidas que debe ser específica y garantizada.
Subrayaron que garantizar existencias libres de agresión machista no es un favor, es una obligación del Estado. Las sobrevivientes de violencias estructurales no pueden depender de la volatilidad política o de marcos financieros opacos. La seguridad no puede estar sujeta a la incertidumbre administrativa.
Señalaron que, si bien la Secretaría de las Mujeres reconoce la violencia feminicida en respuesta a una solicitud de transparencia, ese reconocimiento es hollow, vacío, sin los recursos que lo hagan efectivo. La tecnología cívica (como la Plataforma Nacional de Transparencia) expone la brecha entre el discurso y la acción.
Un modelo en riesgo de desaparición
“Fusionar partidas presupuestarias sin una asignación explícita para refugios y sus centros de atención externa es un riesgo real de invisibilización. Debilita un modelo que salva vidas y que, en 2021, logró consolidarse como un Programa Presupuestario Autónomo“, explicaron.
Los refugios son un mecanismo disruptivo esencial, una infraestructura crítica de protección. Su financiamiento debe ser una prioridad diferenciada en el gasto público, evitando la dilución en programas generales que ignoran la urgencia específica. Rechazaron categóricamente el intento de responsabilizar a las redes de apoyo por las omisiones estatales.
Afirmaron que los refugios de la RNR operan con máxima transparencia y rendición de cuentas, manteniendo sus puertas abiertas para brindar un resguardo indispensable. Exigen un compromiso real, no retórico, que garantice su continuidad mediante mesas de trabajo colaborativas con las autoridades, para que el presupuesto refleje las necesidades reales, no las prioridades políticas del momento.
Demandas concretas para un cambio sistémico
La exigencia es clara y urgente: liberación total e inmediata de los recursos de 2025; aprobación de las reservas presupuestarias específicas para refugios; implementación de mecanismos ágiles y descentralizados (alejados de la burocracia obsoleta) para acceder a fondos; un diálogo público y resolutivo con la Presidencia de la República; y mesas de co-creación con la Secretaría de las Mujeres y el poder legislativo para un diseño presupuestario con perspectiva de género y de derechos humanos.
Consecuencias: más que números, vidas en juego
“Los refugios no son caridad; son una estrategia feminista de justicia y autonomía. Diluirlos es erosionar la esperanza y el derecho fundamental a una vida sin terror. En la era de la conciencia social y la accountability digital, no permitiremos que el Estado responsabilice a quienes salvan vidas por sus propias fallas sistémicas”, concluyeron.
