La Muerte en Trece Segundos: Una Investigación que Desentraña una Ejecución
La fría narrativa oficial se resquebrajó durante una audiencia de casi ocho horas, donde el Ministerio Público de Michoacán desplegó un expediente demoledor. Lo que en un principio se presentó como una respuesta inmediata al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ahora se perfila bajo una luz siniestra: la de una ejecución extrajudicial planificada.
¿Fue realmente un forcejeo, o un ajuste de cuentas premeditado? La fiscalía evidenció que Víctor Manuel Ubaldo Vidales, el adolescente de 17 años identificado como autor material del magnicidio, fue abatido con su propio arma. El ejecutor: uno de sus propios custodios, un escolta identificado como Demetrio. La precisión del acto es inquietante: un solo disparo a quemarropa, a menos de 30 centímetros del pecho del joven, en un lapso no mayor a trece segundos después de que Manzo cayera acribillado por seis proyectiles.
Pero la investigación no se detuvo ahí. Un testimonio clave vino de un paramédico que presenció la escena. Su declaración pinta un cuadro aterrador: tras el disparo mortal, los demás escoltas no solo no auxiliaron a la víctima, sino que impidieron activamente que el personal médico brindara los primeros auxilios y cualquier intento de reanimación. Esta acción deliberada plantea una pregunta incómoda: ¿el objetivo era asegurar la muerte de Ubaldo Vidales para silenciarlo?
Estos elementos, presentados ante un juez, fueron suficientes para decretar la prisión preventiva oficiosa para los siete escoltas y el operador criminal vinculados al caso. Sin embargo, el proceso está lejos de concluir. La defensa, en un movimiento estratégico, ha solicitado la duplicidad del término constitucional, postponiendo hasta el próximo miércoles la decisión final de vinculación a proceso.
La revelación final de esta investigación periodística sugiere que la muerte de Carlos Manzo fue solo el primer acto de una tragedia. El segundo acto, la ejecución de su asesino, revela una red de complicidades y una presunta política de justicia expedita que opera desde las sombras, cuestionando los fundamentos mismos del estado de derecho en Michoacán.
