Sara Irene Herrerías llega a la SCJN con una visión transformadora

La llegada de Sara Irene Herrerías Guerra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no es solo un ascenso profesional, sino un símbolo de cambio en el sistema judicial mexicano. Con más de 3.2 millones de votos, su nombramiento refleja la confianza ciudadana en su compromiso con la justicia social y los derechos humanos. Pero, ¿qué hace diferente a Herrerías? Su trayectoria no es lineal: combina experiencia técnica en derecho penal con una visión humanista, desafiando los paradigmas tradicionales de la judicatura.

Imaginemos un sistema judicial donde las sentencias no solo apliquen la ley, sino que reconstruyan el tejido social. Herrerías, con su formación en criminología y política criminal, propone una justicia accesible y comprensible para todos. Su trabajo en la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la FGR demostró que es posible perseguir delitos sin perder de vista la dignidad de las víctimas. ¿Podría su enfoque inspirar una reforma judicial centrada en las personas y no solo en los procesos?

Su trayectoria es un mapa de las transformaciones institucionales de México: desde la extinta PGR hasta la Segob y la CNDH, ha navegado entre estructuras rígidas para impulsar cambios. Coordinó proyectos innovadores como la prevención de violencia en adolescentes, integrando a gobiernos locales y organizaciones civiles. ¿Será esta capacidad de conectar actores diversos lo que la SCJN necesita para acercarse a la sociedad?

En un giro disruptivo, Herrerías no proviene de la élite judicial tradicional. Sus primeros años como secretaria en tribunales locales le dieron una perspectiva desde la base del sistema. Luego, al especializarse en violencia de género y trata de personas, enfrentó los fallos estructurales que dejan a millones en desventaja. ¿Qué pasaría si más perfiles como el suyo, con experiencia en terreno, llegaran a los máximos cargos?

Su visión: “Que todas las personas sean oídas” podría redefinir el rol de la Corte. En lugar de ser un órgano distante, convertirlo en un espacio donde las sentencias dialoguen con las realidades sociales. En un país con profundas desigualdades, esta aproximación podría hacer de la justicia un motor de innovación social, no solo un árbitro técnico. El verdadero desafío comienza ahora: transformar las buenas intenciones en jurisprudencia transformadora.