Segob niega persecución política en medio de bloqueos
En un giro disruptivo sobre la gestión del conflicto social, Rosa Icela Rodríguez, al frente de la Secretaría de Gobernación, desafiaba los señalamientos de persecución judicial con una lógica que invita a repensar la protesta social. ¿Y si los bloqueos no fueran solo una herramienta de presión, sino un síntoma de fallas sistémicas que requieren soluciones creativas?
El dilema de la protesta: ¿delito o síntoma?
Durante su intervención, la secretaria cuestionaba el paradigma tradicional: “La afectación en vías federales, ¿constituye un delito o no?”. Pero imaginemos un enfoque lateral: en lugar de criminalizar la obstrucción, ¿podríamos transformar estas movilizaciones en laboratorios de diálogo permanente? Rodríguez exponía que muchos líderes poseen expedientes abiertos desde administraciones anteriores por obstrucción de vías principales. “No nacimos ayer”, declaró, revelando una historia recurrente de bloqueos que podría interpretarse como fallas en los mecanismos de resolución de conflictos.
Hacia una nueva arquitectura del diálogo social
La titular de Segob retaba a transportistas y productores a demostrar con evidencias sus acusaciones: “Si afirman ‘nos amenazan’, que lo prueben”. Esta postura abre una oportunidad revolucionaria: ¿qué pasaría si implementáramos sistemas de verificación transparente y tecnología blockchain para registrar interacciones entre autoridades y manifestantes? Mientras el Movimiento Agrícola Campesino y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano denunciaban “persecución política” contra el líder transportista David Estévez Gamboa, surge la pregunta disruptiva: ¿y si en lugar de ultimátums creáramos espacios de co-creación donde ambas partes diseñen soluciones win-win?
Las acusaciones contra Tonatiuh González Rosales, director de Coordinación de Delegaciones de Segob, whom los manifestantes acusan de “prácticas oscuras del viejo régimen”, podrían transformarse en la chispa para reinventar la mediación estatal. La verdadera innovación no estaría en negar las acusaciones, sino en crear mecanismos tan transparentes que hagan imposible la opacidad. El conflicto actual podría ser el catalizador para diseñar un nuevo protocolo de gobernanza colaborativa que convierta el enfrentamiento en innovación social.
