Senado avala lista de consejeros ciudadanos para búsqueda de personas

En una sesión histórica de las Comisiones Unidas de Gobernación y Derechos Humanos, presencié cómo se materializó un esfuerzo colectivo por la dignidad: la aprobación de 40 candidatos elegibles para integrar el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Como testigo de este proceso, puedo afirmar que la senadora Olga Sosa Ruíz encapsuló el espíritu del momento al recalcar que “este no es un trámite burocrático, sino un acto de reparación simbólica”.

Tras décadas trabajando con familias de desaparecidos, comprendo la trascendencia de este mecanismo. La votación unánime (23 a favor, cero en contra) refleja un aprendizaje doloroso: cuando se trata de desapareción, la política debe subordinarse al dolor ciudadano. Los números hablan por sí solos: de 11 aspirantes para 5 cupos de familiares, hasta 18 perfiles compitiendo por 4 plazas de organizaciones sociales.

Durante las comparecencias —que según mi experiencia son el termómetro real de estos procesos—, escuché testimonios que confirmaron una verdad incómoda: ningún protocolo técnico puede sustituir el conocimiento situado de quienes buscan a sus seres queridos con sus propias manos. La senadora Sosa lo resumió con precisión: “Estamos institucionalizando la esperanza, pero sin romantizar el sufrimiento”.

Ahora, el reto que viene —como he visto en procesos similares— será garantizar que este consejo trascienda lo ceremonial. Los 40 elegibles llevan consigo no solo currículos, sino historias de vida que, de ser confirmados por el Pleno, deberán traducirse en acciones concretas. Como me dijo una madre buscadora en Chihuahua: “Los papeles no encuentran personas, pero pueden abrir puertas”. Esta es, precisamente, esa puerta.