Un frente unificado contra un flagelo social
Desde mi experiencia en el análisis de políticas de seguridad, he visto numerosas iniciativas anunciarse con bombo y platillo. Sin embargo, la aprobación unánime del Acuerdo Nacional Contra la Extorsión por todos los gobernadores en Palacio Nacional marca un punto de inflexión que no debemos subestimar. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha identificado con acierto que la extorsión será el reto más importante del próximo año. Lo sé porque en el terreno, este delito no solo despoja económicamente a las personas, sino que erosiona la confianza en las instituciones y siembra un miedo paralizante en la ciudadanía.
La clave del cambio: de la denuncia a la persecución oficiosa
La modificación legal que ahora convierte la extorsión en un delito federal y de persecución de oficio es, quizás, la lección más práctica aprendida de años de lucha contra la criminalidad. Anteriormente, el peso recaía sobre la víctima, quien, atemorizada por represalias, muchas veces optaba por el silencio. Recuerdo casos concretos de pequeños comerciantes que preferían pagar “el derecho de piso” antes que arriesgarse a denunciar. Ahora, con la intervención directa de la Fiscalía General de la República (FGR), se libera a la ciudadanía de esa carga y se transfiere la responsabilidad al Estado. Esta no es una simple teoría; es un cambio de paradigma operativo fundamental.
Coordinación: la única vía para resultados tangibles
Sheinbaum hizo hincapié en la necesidad de una intervención coordinada de todos los mandatarios estatales. La sabiduría aquí es clara: un delito que no conoce fronteras no puede combatirse con esfuerzos aislados. El éxito previo, como la reducción del 37% en homicidios dolosos y de robos con violencia, no fue casualidad. Fue el fruto de una estrategia conjunta. Aplicar esa misma metodología de inteligencia y acción compartida contra la extorsión es la apuesta sensata. La implementación del nuevo registro telefónico para combatir la extorsión telefónica es un ejemplo de herramienta técnica que, solo si se aplica de manera uniforme, podrá obstruir este canal delictivo.
Reflexión final: un compromiso medible
La presidenta planteó una meta concreta: evaluar los resultados en la próxima 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Este es un elemento crucial. En este campo, las promesas se diluyen si no hay métricas y rendición de cuentas. La autenticidad de este esfuerzo se demostrará no en los discursos, sino en la atención a la ciudadanía y en la estadística fría que refleje una disminución real. La complejidad del tema es inmensa, pero la hoja de ruta —persecución federal, coordinación interinstitucional y herramientas tecnológicas— está bien trazada. Ahora viene la parte más difícil: la ejecución persistente y vigilante.
