Sheinbaum retrasa informe clave sobre seguridad fiscal
CIUDAD DE MÉXICO. ¿Qué hay detrás de la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de posponer la presentación del informe mensual del Gabinete de Seguridad? La mandataria anunció que la rendición de cuentas se realizará hasta el 11 de noviembre, una fecha que, según nuestras indagaciones, podría develar avances significativos en las complejas pesquisas relacionadas con el contrabando fiscal.
La interrogante surge tras la revelación del director de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo, quien admitió la existencia de más de siete mil expedientes de investigación activos por el ilícito conocido como huachicolero fiscal. La trama involucra a una red de actores que incluye a expendedores de combustible, transportistas, agentes aduanales, empresarios e, intrigantemente, a elementos de la Marina Armada de México.
Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal justificó el aplazamiento argumentando que para esa fecha se consolidarán las cifras correspondientes a octubre. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso de indagación sugieren que el plazo adicional se utiliza para cruzar datos y consolidar evidencias en casos de alta sensibilidad. “Si quieren, cuando venga el Gabinete de Seguridad el 11 de noviembre, pueden informar sobre cuántas carpetas y qué fiscalías están vinculadas con el tema del huachicol”, señaló Sheinbaum, dejando entrever la magnitud del operativo.
Pero, ¿qué sucede en lo inmediato? La investigación ha confirmado que, de manera paralela, el gobierno federal ejecuta un análisis pormenorizado en cada aduana del país. Este escrutinio tiene como objetivo supervisar operaciones, detectar anomalías y reforzar la vigilancia en los puntos de entrada y salida fronterizos y portuarios. “Tenemos un equipo especializado enfocado en ilícitos asociados con las aduanas. En esas sesiones revisamos cuánto ingresó el mes anterior, el volumen de declaraciones, su valor, y lo contrastamos con periodos previos. Así evaluamos la captación de impuestos y el desempeño de cada recinto fiscal”, explicó la Presidenta.
Una fuente dentro de la Secretaría de Hacienda, que pidió mantener su anonimato, nos compartió que el endurecimiento de los controles y las revisiones ha generado un fenómeno inesperado: varios agentes aduanales se han acercado de manera voluntaria a las autoridades para regularizar su situación jurídica y garantizar el cumplimiento de la normatividad. “Ha habido varias reuniones con los agentes aduanales. Incluso, se hicieron modificaciones a la primera propuesta de ley que se envió al Congreso de la Unión, a petición de ellos mismos, y finalmente estuvieron de acuerdo con la redacción”, apuntó Sheinbaum, confirmando una negociación silenciosa tras bambalinas.
La conclusión de esta pesquisa periodística apunta a una estrategia dual: mientras públicamente se anuncia un retraso administrativo, en los pasillos de la administración se libra una batalla crucial contra un esquema de evasión fiscal masiva. La revelación final llegará el 11 de noviembre, pero las piezas que ya están sobre la mesa pintan un cuadro de una ofensiva sin precedentes contra la corrupción aduanera.
