El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elevado el tono de la disputa bilateral por la gestión del agua, acusando directamente a México de verter aguas residuales no tratadas que, según él, amenazan a los ciudadanos estadounidenses. A través de su red social Truth Social, Trump publicó un video que muestra un río con aguas turbias, alegando que se trata del Río Tijuana, y exigió una solución inmediata a lo que calificó como problemas de agua y drenaje de México. “¡Esto representa una verdadera amenaza para los habitantes de Texas, California y EU!”, afirmó.
Esta declaración se produce en un contexto de creciente tensión en torno al cumplimiento del Tratado de Aguas Internacionales de 1944. Solo dos días antes, Trump había amenazado con imponer un arancel adicional a los productos mexicanos que ingresan a Estados Unidos, argumentando un incumplimiento por parte de México en la entrega de agua de la cuenca del Río Bravo a Texas. Su exigencia concreta fue la entrega de 246 millones de metros cúbicos de agua antes de que finalice el año, una demanda que choca con la realidad hidrológica y las propias cláusulas del tratado.
El Tratado de 1944, un acuerdo bilateral que ha regulado durante décadas el uso de las aguas de los ríos Colorado y Bravo (conocido como Río Grande en Estados Unidos), establece compromisos de entrega de volúmenes específicos en ciclos quinquenales. Un aspecto técnico crucial, y que parece estar en el centro del desacuerdo actual, es la disposición que contempla situaciones de sequía extrema. El acuerdo permite que, ante estas circunstancias excepcionales, un país pueda retrasar el pago del déficit de agua al ciclo siguiente, previa notificación y justificación. México ha invocado recurrentemente esta cláusula en los últimos años debido a una severa y prolongada sequía que afecta a su región norte, argumentando una disponibilidad física limitada.
La respuesta del gobierno mexicano no se hizo esperar. Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema con un tono técnico y firme. Pidió al gobierno de Estados Unidos reconocer la disponibilidad real de agua en la cuenca, subrayando que México cumplirá sus obligaciones en el marco del tratado, pero sin comprometer el consumo humano ni la actividad agrícola esencial dentro de su propio territorio. Esta postura refleja el delicado equilibrio que debe mantener la diplomacia hídrica: honrar los compromisos internacionales mientras se gestiona un recurso escaso y vital para la población y la economía nacional.
La acusación sobre el Río Tijuana introduce un frente adicional a la ya compleja disputa. El problema de la contaminación transfronteriza en la zona de Tijuana-San Diego es un asunto ambiental crónico y documentado, donde los flujos de aguas residuales y pluviales sin tratar cruzan la frontera, afectando a comunidades y ecosistemas en ambos lados. Si bien es una crisis ambiental real que requiere cooperación y financiación binacional para su solución, su vinculación por parte de Trump a las demandas del Tratado de 1944 parece más una estrategia para ejercer presión política amplificando el discurso de la amenaza.
Analistas en relaciones internacionales y gestión del agua observan que este episodio trasciende lo técnico para adentrarse en el terreno de la geopolítica y la retórica electoral. El lenguaje utilizado, las amenazas arancelarias y la publicación de videos en redes sociales apuntan a una politización del tema del agua, utilizándolo como un símbolo de supuesto incumplimiento y deslealtad. Este enfoque dificulta los canales de diálogo técnico entre la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), el organismo binacional creado precisamente para administrar estos tratados y resolver controversias de forma apolítica y basada en datos científicos.
El impacto práctico de esta escalada retórica es tangible. Para los agricultores de Texas y México, la incertidumbre sobre la disponibilidad de agua afecta la planificación de sus siembras y la viabilidad de sus cosechas. Para las comunidades fronterizas, la contaminación del Río Tijuana es un problema de salud pública diario. Y para la relación bilateral, estos roces añaden tensión a una agenda ya cargada de temas complejos como la seguridad, el comercio y la migración. La solución, como señalan los expertos, no reside en ultimátums, sino en reforzar la cooperación técnica, modernizar la infraestructura hídrica compartida y reconocer que el cambio climático y la sequía son desafíos comunes que no respetan fronteras políticas y que requieren soluciones conjuntas, no acusaciones unilaterales.
