La llamada verdad histórica del Caso Iguala fue construida con pruebas fabricadas, incluso de falsificaron llamadas anónimas; la tortura se utilizó de manera generalizada, se manipuló evidencia para que cuadraran las supuestas investigaciones, y se trató de cerrar la indagatoria en tres días, pero se rompió el silencio de funcionarios, testigos de lo sucedido y algunos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, señalaron durante una conferencia de prensa el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas y el fiscal especial, Omar Gómez Trejo.
El subsecretario indicó que la indagatoria iniciada en 2019, ha obtenido pruebas que permiten avanzar en lo sucedido en Iguala, Guerrero, la noche del 26, como la madrugada del 27 de septiembre de 2014, y para ello se han realizado peritajes que involucran el análisis de 80 millones de llamadas, y de ellas se ha dado seguimiento a 116 números.
Encinas mencionó también que se ha establecido, la coordinación que existió entre varios grupos de sicarios de Guerreros Unidos con los policías municipales de Iguala, y se ha determinado que no existió ningún vínculo entre los estudiantes y los agresores.
Asimismo, el subsecretario de Derechos Humanos, puntualizó que se ha acreditado que hubo presencia de policías municipales de Huitzuco, en los momentos importantes en que se generó la agresión contra los estudiantes.
De igual manera refirió que se han realizado búsquedas en 136 puntos en diversos municipios de Guerrero, entre ellos Tepecoacuilco, Cocula, Iguala y Taxco, y gracias a ello se han obtenido 12 casos en los que se han recuperado restos óseos.
En tanto el fiscal especial, Omar Gómez Trejo, quien depende de la Fiscalía General de la República (FGR) explicó que de un total 89 órdenes de aprehensión que se han obtenido durante su gestión, 409 ya han sido cumplimentadas, y las 40 pendientes corresponden en 30 casos a hechos ocurridos los dpías 26 y 27 de septiembre, y diez mandamientos más que se relacionan con las irregularidades cometidas en la investigación.
Ambos funcionarios coincidieron que se trató de cerrar la investigación y señalaron que cuentan con “todo el apoyo del Estado” para continuar con la investigación.
Esto, debido a que señalaron que se trata de un asunto de complicidades y ocultamiento de evidencia, y en la que a decir del fiscal Gómez Trejo, las autoridades anteriores trataron “que la responsabilidad recayera en unos policías municipales” y no en toda red de complicidades que “existió entre el grupo delictivo y autoridades de todos los niveles”.
Gómez Trejo resaltó que la llamada verdad histórica se hizo con fabricación de pruebas y actos de tortura, con lo cual “se mintió a la sociedad”.
Respecto a los actos de tortura, se informó que se cuenta con grabaciones aportadas por instituciones federales que acreditan estos hechos durante la investigación realizada en la administración pasada.
Fuente: La Jornada
