La justicia empieza a moverse, pero las preguntas persisten. Tras la audiencia de este lunes sobre el incendio en la tienda Waldo’s de Hermosillo, la Fiscalía de Sonora logró que un juez vinculara a proceso a seis personas y a la empresa responsable.
Son los primeros imputados por la tragedia del 1 de noviembre, que se cobró 24 vidas, incluida una mujer embarazada, y dejó 15 heridos. Una cifra que duele y explica la urgencia de este proceso.
El juez consideró que existen elementos suficientes para abrir un proceso penal. La fiscalía presentó un arsenal de pruebas: periciales, documentales y testimoniales. Con ellas buscó -y logró- acreditar la presunta responsabilidad por homicidio culposo, lesiones, daños, aborto e incumplimiento de deber legal.
Pero aquí viene el primer giro. El juez decidió que los seis imputados sigan en libertad, con medidas cautelares. Deben presentarse periódicamente, pagar una fianza económica y no salir del estado.
Solo al representante legal de la empresa se le dictó prisión preventiva justificada. Pero ni siquiera eso es definitivo: una suspensión por un amparo impide su encarcelamiento. La FGJE ya anunció que impugnará esta situación.
La investigación tiene ahora un plazo de seis meses para fortalecer las pruebas y esclarecer los hechos completamente. El camino hacia la verdad total sigue abierto.
Y hay otra decisión que ha encendido las alarmas en la fiscalía. El juez no vinculó a proceso a otras dos personas. Una porque consideró prescrita su posible conducta, otra porque no vio acreditada su responsabilidad.
Esta representación social no comparte dicho criterio y apelará tal decisión
Así lo comunicó la Fiscalía de Sonora, reiterando su compromiso con las víctimas y sus familias. La promesa es clara: buscarán hasta el final el acceso a la justicia para quienes perdieron todo en esas llamas.
Mientras tanto, Hermosillo espera. Las familias duelen. Y el sistema judicial pone a prueba su capacidad para responder a una tragedia que marcó a toda una comunidad.
