Yarrington enfrenta tercer juicio por lavado y vínculos con el narco

La jueza Raquel Duarte Cedillo, del Segundo Distrito Penal en Toluca, decretó prisión preventiva contra el exmandatario tamaulipeco por delincuencia organizada y operaciones financieras ilícitas. Este caso en particular gira en torno a la presunta compra de la Isla Frontón en Veracruz, un yate de lujo y múltiples propiedades rurales, todos adquiridos -según la Fiscalía- con capital proveniente del Cártel del Golfo.

En mi trayectoria analizando redes de lavado de activos, he documentado cómo los testaferros como Antonio Peláez Pier (antiguo dueño del equipo Gallos Blancos) operan como fachadas legales. Este modus operandi, donde bienes inmuebles y negocios deportivos sirven para blanquear fondos, sigue siendo alarmantemente común.

Este proceso se suma a otros dos juicios activos contra Yarrington: uno por narcotráfico (donde testigos revelaron financiamiento cartelario desde su campaña gubernamental) y otro por lavado en propiedades valoradas en 450 mil dólares en Texas. La deportación desde EE.UU., donde cumplió condena por los mismos delitos, marca un precedente importante en la cooperación internacional contra la corrupción transnacional.

Desde mi perspectiva, estos casos exponen patrones recurrentes: políticos que inician con “favores” puntuales a grupos criminales y terminan integrados a sus estructuras financieras. El Penal del Altiplano, donde ahora está recluido, se ha convertido en símbolo de un sistema que lentamente -pero con firmeza- está rindiendo cuentas.