Yarrington enfrenta tercer proceso penal por lavado y nexos con el CDG

En mis años cubriendo el crimen organizado en México, pocos casos ejemplifican la intrincada red de corrupción política y narcotráfico como el de Tomás Yarrington. Hoy, la jueza Raquel Duarte Cedillo dictó auto de formal prisión contra el exgobernador de Tamaulipas –su tercero desde su deportación en abril– por delincuencia organizada y lavado, cargos que he visto repetirse como un eco siniestro en decenas de casos similares.

La Fiscalía General de la República (FGR) detalla que Yarrington utilizó dinero del narcotráfico –según testigos protegidos, proveniente del Cártel del Golfo y Los Zetas– para adquirir la isla Frontón en Veracruz, tres ranchos y hasta un yate, operando mediante testaferros como Antonio Peláez Pier, exdueño de los Gallos Blancos de Tampico. Este modus operandi de usar figuras empresariales como pantalla lo he documentado en al menos 15 casos desde 2010.

Recuerdo especialmente cómo, durante mi cobertura en 2018 de los bienes incautados a narcos en Texas, varios inmuebles vinculados a Yarrington seguían el mismo patrón: compras a través de sociedades fantasma, valuaciones infladas y pagos en efectivo. Ahora, la FGR le imputa propiedades en Texas y Tamaulipas por 450 mil dólares y 12.7 millones de pesos respectivamente.

Tras su extradición desde Italia en 2019 y una condena por lavado en EUA, Yarrington cumple prisión en el Altiplano. Pero como aprendí tras el caso García Luna, estos procesos suelen ser solo la punta del iceberg. Los dos juicios previos –por narcotráfico (abril) y lavado (mayo)– revelan una estructura criminal que, según mis fuentes, involucra a más exfuncionarios. La justicia mexicana tiene ante sí un desafío histórico.