El Congreso del Estado de Tamaulipas y el Gobierno estatal han salido al paso de las acusaciones sobre un supuesto freno político a la transferencia de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Río Bravo al municipio. Según la explicación oficial, el proceso no ha sido ignorado ni obstruido, sino que permanece abierto y sujeto al cumplimiento estricto de los requisitos legales. La demora, según las autoridades legislativas, se origina en omisiones documentales por parte del propio Ayuntamiento de Río Bravo, que no ha completado los trámites exigidos por la ley.
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Humberto Prieto Herrera, ofreció estos detalles durante la primera sesión informativa legislativa del año. Su intervención respondía directamente a los señalamientos públicos del alcalde Miguel Ángel Almaraz Maldonado. Prieto Herrera precisó que la solicitud de transferencia fue recibida formalmente por el Gobierno del Estado el 25 de agosto de 2025, iniciando así el procedimiento administrativo.
El legislador detalló la secuencia de eventos que ha llevado a la situación actual. El 18 de noviembre de 2025, las instancias correspondientes emitieron un acuerdo de prevención dirigido al municipio. Este requerimiento solicitaba documentación indispensable para avalar la transferencia, específicamente las actas de Cabildo de las sesiones del 26 de junio y del 13 de agosto de 2025, en las que debió quedar acreditada la aprobación municipal del traspaso. Dicha notificación fue entregada a la alcaldía al día siguiente, el 19 de noviembre. Hasta la fecha, según la versión del Congreso, el Ayuntamiento no ha subsanado esta omisión, lo que mantiene el proceso en un punto muerto.
Prieto Herrera fue enfático al subrayar que la transferencia de un servicio público tan crítico como el agua potable y el alcantarillado no es un acto automático. Aclaró que, contrario a lo que podría interpretarse, el proceso no se deriva directamente de la nueva Ley General de Aguas, sino que encuentra su fundamento principal en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este marco establece un procedimiento específico y meticuloso que debe seguirse conforme a derecho, el cual incluye, de manera ineludible, la validación formal del Cabildo municipal y contempla un plazo de hasta noventa días para garantizar una transición ordenada que no perjudique a la ciudadanía.
En este contexto, el presidente del Congreso rechazó de plano la existencia de una negativa o bloqueo por parte del Estado o del Poder Legislativo. Adicionalmente, advirtió que la postura del municipio, al intentar avanzar sin cumplir los requisitos, equivale a pretender saltarse el marco legal vigente, una estrategia que calificó como inviable e irresponsable. Recordó que el artículo tercero transitorio de la legislación correspondiente faculta expresamente al Gobierno del Estado a solicitar al Congreso la conservación de la prestación del servicio cuando una transferencia, de llevarse a cabo de manera apresurada o irregular, pudiera afectar negativamente a la población.
El fondo del asunto, según la perspectiva legislativa, trasciende el debate político y se centra en la gestión técnica y la garantía del servicio. Prieto Herrera señaló que las deficiencias crónicas en el suministro de agua y drenaje en la zona deben atenderse con planes de gestión sólidos, inversión estratégica y una coordinación institucional efectiva. Criticó que se recurra a discursos que, en su opinión, desinforman y polarizan a la ciudadanía, en lugar de enfocarse en soluciones concretas y colaborativas.
Para completar el panorama, el legislador reveló un elemento financiero crucial que también influye en el proceso. El municipio de Río Bravo mantiene una deuda pendiente con el organismo operador que supera los tres millones de pesos. Esta situación, que ya fue formalmente notificada a la administración municipal, constituye otro requisito previo que debe regularizarse antes de que pueda evaluarse seriamente cualquier esquema de absorción del organismo. La postura del Congreso es clara: sin el cumplimiento de las obligaciones documentales y financieras, avanzar en la transferencia comprometería la viabilidad operativa y financiera del servicio, con el consiguiente riesgo para los usuarios.
