Tamaulipas armoniza su legislación para erradicar el matrimonio infantil y proteger a menores

En México, el matrimonio infantil está formalmente prohibido desde 2020, cuando se estableció la edad mínima de 18 años en las 32 entidades federativas sin excepciones. Sin embargo, persisten desafíos en la armonización legislativa estatal y municipal para eliminar vacíos legales que permiten uniones informales. Tamaulipas, donde se estima que más de 7,000 menores de 12 a 17 años viven en matrimonios o uniones consensuales, aprobó este martes una reforma clave para alinear su marco jurídico con las disposiciones federales.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (artículo 45) y el Código Civil de Tamaulipas (artículo 138) coinciden en prohibir categóricamente el matrimonio antes de los 18 años. No obstante, el Congreso de la Unión ha instado a los estados a implementar medidas integrales que aborden no solo las uniones formales, sino también las informales, las cuales representan el 90% de los casos según datos de Save the Children. La reforma aprobada actualiza la Ley para el Desarrollo Familiar del estado, homogenizando términos como el reemplazo de “hombre” y “mujer” por “contrayentes” para evitar sesgos de género y reforzar el carácter voluntario del matrimonio.

Las niñas y adolescentes en uniones precoces enfrentan riesgos agravados: el 86% abandona la educación formal, lo que limita sus oportunidades económicas y las expone a ciclos de pobreza intergeneracional. Además, el organismo internacional alerta que estas menores suelen cohabitar con parejas al menos seis años mayores, incrementando la probabilidad de violencia doméstica y embarazos adolescentes. Un dato alarmante revela que incluso niñas de 12 a 14 años están en esta situación, pese a la prohibición legal.

En 2024, el Senado mexicano dio un paso adicional al prohibir estas prácticas en comunidades indígenas, aunque la reforma aún requiere ratificación por la Cámara de Diputados. Paralelamente, Tamaulipas ha reforzado sus mecanismos de capacitación para funcionarios públicos, enfatizando la detección temprana de uniones irregulares. Expertos subrayan que, más allá de los ajustes normativos, es crucial combatir factores culturales y económicos que perpetúan el fenómeno, como la normalización social o la falta de acceso a educación sexual.

Este caso ejemplifica la necesidad de coordinación entre niveles de gobierno para garantizar derechos fundamentales. La reforma en Tamaulipas no solo actualiza el lenguaje jurídico, sino que sienta un precedente para otros estados con desafíos similares.