La violencia familiar registró un preocupante repunte en Tamaulipas durante 2023, al incrementarse 31% las llamadas de auxilio al 911, según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El alza confirma el agravamiento de este delito en la entidad, donde se contabilizaron 30,362 reportes verificados relacionados con agresiones en el hogar.
De acuerdo con una iniciativa presentada por el diputado Marcelo Abundiz Ramírez, el fenómeno alcanzó niveles alarmantes y requiere respuestas claras por parte de las autoridades. El legislador demandó que el Gobierno del Estado transparente las acciones que está implementando para atender y contener la violencia familiar, uno de los delitos con mayor incidencia en la región.
Los datos revelan que 12,718 llamadas correspondieron a casos de violencia de pareja, lo que representa el 42% del total. Otras 11,766 estuvieron relacionadas directamente con violencia familiar; 3,779 con violencia contra la mujer; mientras que 2,099 reportaron otros actos vinculados a conflictos dentro del núcleo familiar.
La problemática también muestra un patrón territorial definido: nueve municipios concentran el 94% de los casos registrados.
Entre ellos destacan:
-
Reynosa, con 6,361 reportes,
-
Ciudad Victoria (5,849),
-
Matamoros (4,020),
-
Altamira (3,716),
-
Tampico (3,053),
-
Ciudad Madero (2,357),
-
Nuevo Laredo (1,581),
-
Río Bravo (880),
-
El Mante (663).
La zona conurbada Tampico–Madero–Altamira también refleja una tendencia ascendente que se ha mantenido durante una década: pasó de 478 casos en 2015 a 1,103 en 2025, duplicando su incidencia pese al crecimiento urbano y la expansión de infraestructura institucional.
Ante este panorama, la iniciativa del diputado Abundiz propone que el Consejo para la Prevención, Atención y Asistencia de la Violencia Familiar rinda un informe puntual sobre sus estrategias, programas, acciones y resultados. Esto con fundamento en la Ley de Prevención de la Violencia Familiar del Estado, que faculta al organismo como el principal ente coordinador y evaluador en la materia.
La propuesta surge en la antesala del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha que subraya la necesidad de visibilizar las agresiones que enfrentan niñas y mujeres en el ámbito familiar y comunitario.
Organizaciones civiles y especialistas en seguridad coinciden en que el incremento sostenido de casos exige una respuesta institucional más eficaz y políticas públicas reforzadas que atiendan factores estructurales como la desigualdad, la violencia de género y la falta de mecanismos de denuncia seguros.
AGENCIAS
