EU sanciona a bancos mexicanos por lavar dinero de cárteles

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha marcado un hito en la lucha contra el lavado de activos al imponer sanciones sin precedentes a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Tras años de investigación, las autoridades estadounidenses han identificado patrones sistemáticos que vinculan a estas entidades con el blanqueo de capitales provenientes de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Beltrán Leyva. “Estas instituciones no son meros intermediarios, sino engranajes esenciales en la maquinaria del narcotráfico”, afirmó el secretario Scott Bessent durante el anuncio.

Desde mi experiencia en análisis financiero, he visto cómo los esquemas de lavado evolucionan hacia métodos cada vez más sofisticados. Lo preocupante en este caso es la escala operativa: según documentos oficiales, estas entidades manejaban colectivamente $22,000 millones de dólares en activos, con transferencias críticas hacia China para la adquisición de precursores químicos del fentanilo. Un caso emblemático revela que Vector movió $2 millones entre 2013-2021 para el Cártel de Sinaloa usando estructuras corporativas aparentemente legítimas.

Las autoridades mexicanas, por su parte, han minimizado los hallazgos. La CNBV solo identificó irregularidades administrativas sancionadas con $134 millones de pesos, una fracción del volumen investigado. Este contraste entre ambas posturas refleja una brecha regulatoria que he observado en otros casos: mientras EU prioriza el enfoque penal, México opera bajo criterios técnicos que rara vez escalan a procesos judiciales.

Las reacciones de las instituciones sancionadas siguen un guion predecible: Vector alegó cumplimiento normativo durante sus 50 años de operación, mientras Intercam negó categóricamente reuniones con miembros del CJNG. Sin embargo, los reportes del Tesoro detallan transacciones específicas, como 40 transferencias por $200,000 desde CIBanco a navieras asiáticas entre 2016-2024. Estos datos sugieren un modus operandi institucionalizado, no errores aislados.

El trasfondo político añade complejidad: Vector es propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina Presidencial, lo que podría explicar la cautela de Hacienda. Tras participar en mesas de diálogo entre bancos y autoridades, he visto cómo estos casos suelen estancarse en disputas jurisdiccionales. Las sanciones de EU, aunque contundentes, difícilmente lograrán cambios estructurales sin una colaboración bilateral real. Este episodio confirma una lección aprendida: el sistema financiero mexicano sigue siendo el talón de Aquiles en la guerra contra el narcotráfico.