La identidad digital redefine la privacidad y la confianza electoral

¿Qué ocurre cuando la tecnología supera los marcos legales? El INE enfrenta un dilema existencial ante la CURP biométrica, un proyecto que podría reescribir las reglas de la privacidad y la participación ciudadana. Más que una actualización tecnológica, esta iniciativa cuestiona los fundamentos mismos de la democracia digital.

La Plataforma Única de Identidad, administrada por la Secretaría de Gobernación, plantea un escenario sin precedentes: un sistema capaz de cruzar datos electorales con registros de personas desaparecidas. Mientras algunos celebran su potencial para resolver crímenes, otros advierten sobre un Big Brother institucionalizado que erosionaría la confianza en las urnas.

El verdadero disruptor aquí no es la tecnología, sino el cambio de paradigma: ¿debe la identificación ciudadana servir simultáneamente para votar y para investigar delitos? Esta fusión de propósitos genera tensiones irreconciliables entre seguridad nacional y derechos civiles.

Innovaciones globales como el sistema Aadhaar en India muestran que la biometría masiva puede excluir a millones. El riesgo mexicano es similar: que la credencial de elector, símbolo histórico de participación democrática, quede obsoleta ante un documento único con fines policiales.

La solución podría estar en blockchain: sistemas descentralizados donde los ciudadanos controlen qué datos comparten y con quién. Estonia demostró que es posible digitalizar la identidad sin sacrificar privacidad. ¿Por qué México replica modelos centralizados cuando existen alternativas más seguras?

Este debate trasciende lo técnico: pone en jaque el contrato social digital. La próxima revolución no será de gadgets, sino de garantías. El verdadero reto no es implementar la biometría, sino reinventar la confianza en la era de la vigilancia algorítmica.