Norma Piña revela el desacato persistente a sentencias incómodas

La presidenta saliente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, ofrece en una entrevista de despedida un testimonio crudo sobre la frágil situación del Poder Judicial federal. Horas antes de abandonar su despacho, vaciando archiveros y empacando sus pertenencias, la ministra plantea una inquietante pregunta: ¿está diseñado el Estado mexicano para cumplir las sentencias que no le son favorables?

La evidencia, según su relato, apunta a lo contrario. “Creo que van a seguir incumpliendo sentencias de la Corte, tenemos muchas sin cumplir”, afirma con un escepticismo que parece fruto de la experiencia. ¿Qué mecanismos existen realmente para obligar al cumplimiento? La respuesta revela un vacío preocupante: el procedimiento para hacer efectivas las sanciones por incumplimiento es “muy vago, muy ambiguo”.

El testimonio documentado

Pero el relato de Piña Hernández va más allá de la mera percepción. Describe un punto de inflexión: la reforma judicial. “Donde se vio ya una cosa de incumplimiento total de suspensiones, de la Constitución y del mismo Estado de Derecho, fue con la reforma judicial, ahí ya públicamente fue ‘no voy a cumplir la suspensión'”.

Este testimonio conecta con otro revelador: el caso de los fideicomisos del extinto Consejo de la Judicatura Federal. La narrativa oficial sugería que las suspensiones judiciales impedían devolver más de 10 mil millones de pesos al CJF. Sin embargo, la ministra ofrece una versión diferente: “Se les explicó en términos del propio contrato, que si ellos cumplían una orden del Consejo no llevaban responsabilidad, entonces más que nada (las suspensiones) fueron un pretexto para no regresar el dinero al Consejo”.

La indefinición institucional

La investigación periodística descubre otro foco de alerta: la transición hacia el nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ). La Constitución ordenaba a la actual Corte designar a tres de sus integrantes. ¿Por qué no sucedió? “Básicamente, porque nunca íbamos a tener los ocho votos”, confiesa la ministra, en alusión a la división interna del pleno.

El resultado es un limbo institucional peligroso. “Nosotros cerramos el 31 de agosto y no está constituido el OAJ. Entonces estamos haciendo un cierre con matriz de riesgos, pero no hay a quien entregarle”. Esta confesión plantea serias dudas sobre la operatividad del Poder Judicial a partir del 1 de septiembre.

La amenaza silenciosa

Quizás la revelación más significativa es el cambio estructural que reduce drásticamente las facultades administrativas de la presidencia de la Corte. “Aquí van a ser hasta nombramientos del personal de la Corte (por el OAJ)”, señala Piña Hernández. Este nuevo diseño concentra en el OAJ –cuya integración y operación son aún inciertas– el control presupuestario, administrativo y de nombramientos.

La desaparición de las dos Salas de la Corte y la concentración de todo el trabajo en el Pleno completa este escenario de transformación radical. “Las salas desempeñaron un papel muy importante… Los asuntos que resolvieron las Salas eran muchas veces más importantes, los derechos (de las personas) se estudiaban en Salas”, reflexiona la ministra.

Conclusión: Un sistema bajo presión

Al final de esta investigación, emerge un panorama complejo. Norma Piña abandona la Corte dejando un diagnóstico claro: el desacato a sentencias incómodas persistirá, los mecanismos para garantizar su cumplimiento son insuficientes y la nueva estructura judicial nace con serias deficiencias de diseño y operación.

La verdadera pregunta que queda flotando es si estas transformaciones fortalecerán la impartición de justicia o si, por el contrario, representan un retroceso en la independencia judicial que tanto costó construir después de 1994. La historia, como bien dice la ministra, aún está por escribirse.