En un sublime acto de congruencia estatal, el bardo contemporáneo Junior H se postró ante el sagrado Ministerio Público de Jalisco, acusado del crimen nefando de modular sus cuerdas vocales para narrar epopeyas que el establishment ha decretado inconvenientes para los oídos virginales de la sociedad.
El trovador de los llamados “corridos tumbados” cometió la osadía de entonar “El Azul” durante las Fiestas de Octubre, un himno que, según los augures gubernamentales, contenía referencias veladas a una organización de comerciantes sinaloenses especializados en logística de sustancias psicoactivas. Este acto de lesa patria, ejecutado a pesar de los lineamientos que prohíben la reproducción de mensajes violentos (pero no, curiosamente, la violencia misma), desató la ira de los censores municipales de Zapopan.
El organismo fiscal, en un arrebato de celo publicitario digno de una productora discográfica, documentó la epopeya legal en un video para las redes sociales, mostrando al joven artista rindiendo su declaración como si de un concierto acústico en una celda se tratara. Afirmaron, con alivio burocrático, que el acto de contrición del cantante transcurrió sin incidentes, a pesar del peligro latente de que el acusado irrumpiera en un estribillo que incitara al motín.
Mientras tanto, el Artículo 142 del Código Penal del estado, ese gran muro de contención contra la decadencia social, espera paciente en el estante, prometiendo de uno a seis meses de reclusión para quien ose glorificar un vicio o un delito. Una pena ejemplar en un país donde las grandes fortunas y los sistemas de poder han construido su leyenda sobre cimientos mucho más sórdidos que una simple canción.
Así, el gran circo de la justicia selectiva avanza: se judicializa al juglar mientras se negocia con los señores del feudo. El sistema, en su sabiduría infinita, prefiere procesar las metáforas antes que enfrentar los hechos, demostrando una vez más que es más fácil enjuiciar un estribillo que desmantelar una red de corrupción.
