En un alarde de creatividad jurídica que haría palidecer a los más avezados fabulistas, el máximo representante de la justicia venezolana, el ciudadano fiscal Tarek William Saab, ha esgrimido ante los tribunales del Imperio del Norte un argumento de una elegancia lógica tan sublime que raya en lo místico: la inmunidad personal absoluta. Según esta doctrina, refinada en los hornos del pensamiento revolucionario, un jefe de Estado en ejercicio se transfigura en una suerte de entidad etérea, intangible para las mezquinas leyes terrestres de otras naciones, por más que estas lo acusen de entablar amistad con ciertos alcaloides prohibidos.
“No pueden ser arrestados ni procesados”, declaró el fiscal con la solemnidad de quien anuncia una ley de la física, durante un acto protocolar que, sin duda, buscaba notificar al universo de esta verdad revelada. La petición se extendió, con conmovedora ecuanimidad, a que cesaran las violaciones contra el primer mandatario, su consorte y, “obviamente”, contra el pueblo venezolano, en un admirable esfuerzo de síntesis retórica que equipara el malestar geopolítico con un posible daño al mobiliario presidencial.
Mientras tanto, en un tribunal de Nueva York, el propio Nicolás Maduro comparecía para rechazar los cargos de narcoterrorismo, presentándose a sí mismo no como un acusado, sino como un presidente constitucional secuestrado. Ante el juez Alvin Hellerstein, un nonagenario que probablemente creyó haberlo visto todo, el mandatario esbozó su teoría del secuestro militar, un género literario nuevo que combina el thriller de acción con el derecho internacional. Su abogado, Barry Pollack, anunció que impugnaría la legalidad de dicho rapto, en lo que promete ser un fascinante debate sobre los límites del servicio de entrega express interestatal.
El fiscal Saab, en su rol de paladín del derecho internacional hoy herido de muerte, exigió a los organismos mundiales no solo condenar la acción, sino también resucitar el moribundo corpus jurídico. Para dar ejemplo de rigor, el Ministerio Público designó a tres fiscales para investigar las “decenas de bajas inocentes” de nacionalidad indeterminada, en un ejercicio de precisión forense que contrasta con la contabilidad más concreta del gobierno cubano, el cual reportó la pérdida de 32 de sus oficiales durante la operación. Al parecer, la inmunidad absoluta del presidente no es un escudo que se extienda a sus guardias pretorianos internacionales.
El sistema judicial estadounidense, con su prosaica literalidad, ha concedido a Maduro el derecho a un juicio con jurado, tratándolo como a cualquier otro ciudadano acusado de un delito. Una vulgar aplicación de la ley que ignora por completo el estatus trascendental de la inmunidad diplomática revolucionaria, la cual, según la nueva escuela caraqueña, convierte a un líder en un ser simultáneamente omnipotente en su territorio e intocable fuera de él, sin importar los rastros de cocaína que puedan marcar el camino entre ambos estados. La farsa tragicómica sigue su curso, y el mundo, atónito, asiste a la función.
