La ciudad de Minneapolis, reconocida por sus políticas de protección a migrantes, se ha convertido en el epicentro de una respuesta civil organizada frente a la intensificación de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Líderes comunitarios y organizaciones sindicales convocaron una jornada de protesta masiva bajo el lema “Día de la Verdad y la Libertad”, que incluyó un llamado a un “apagón económico”. Esta medida de desobediencia civil pacífica instaba a la población a no trabajar, no asistir a clases y abstenerse de realizar compras, con el objetivo de paralizar simbólicamente la ciudad y visibilizar el rechazo a las políticas migratorias de la Administración Trump.
La acción directa responde al despliegue ordenado de agentes federales en esta denominada “ciudad santuario”, donde las autoridades locales limitan su cooperación con las autoridades migratorias federales. Los organizadores exigen el cese inmediato de las redadas, una rendición de cuentas por los abusos cometidos por agentes y una intervención urgente del Congreso. Se prevé que cientos de negocios, muchos de ellos propiedad de inmigrantes, cerraran sus puertas en solidaridad, mientras una gran manifestación recorría las calles.
El clima de tensión en Minnesota no es espontáneo, sino la culminación de semanas de creciente indignación tras incidentes concretos que han conmocionado a la comunidad. El detonante más reciente fue la muerte de Renee Good, una mujer de 37 años y madre de tres hijos, que recibió disparos de un agente del ICE el pasado 7 de enero mientras se desplazaba en su vehículo. Este suceso, aún bajo investigación, ha sido percibido como un ejemplo extremo de la escalada en las tácticas de aplicación de la ley migratoria.
Además, la detención de varios menores de edad, incluido un niño de cinco años que permanece retenido junto a su padre en un centro de detención en San Antonio, Texas, ha avivado la percepción de que las operaciones carecen de proporcionalidad y humanidad. Estos casos han generado una sensación de vulnerabilidad e indefensión entre los residentes, incluso entre aquellos con estatus legal, erosionando la confianza en las instituciones.
En un contexto ya polarizado, la visita del vicepresidente J.D. Vance a Minneapolis este jueves añadió otra capa de significado al conflicto. Su reunión con agentes del ICE fue interpretada públicamente como un gesto de respaldo político de alto nivel a las operaciones en curso, lo que probablemente reforzó la determinación de los organizadores de la protesta. Este movimiento simboliza un enfrentamiento directo entre la política federal y la autonomía de los gobiernos locales que se declaran santuarios.
Las redadas a gran escala en el estado fueron ordenadas a principios de enero. La decisión se tomó en un momento de alta sensibilidad política, luego de que un documental producido por un youtuber conservador reavivara las acusaciones sobre malversación de fondos federales en guarderías operadas por miembros de la comunidad somalí. Es importante contextualizar que esta comunidad ha sido objeto de descalificaciones públicas repetidas por parte del presidente Trump, lo que sugiere que las operaciones del ICE trascienden el mero cumplimiento de la ley y se enmarcan en un discurso político más amplio.
El “apagón económico” en Minneapolis representa, por tanto, más que una simple protesta puntual. Es un experimento de poder colectivo y desobediencia civil no violenta que busca cuantificar el impacto económico y social de la comunidad migrante, demostrando que su contribución es fundamental para el funcionamiento diario de la ciudad. La jornada pone a prueba la cohesión social y la capacidad de movilización de las bases frente a una política federal percibida como agresiva y divisiva. El resultado de esta acción podría sentar un precedente para otras ciudades santuario que observan con preocupación el avance de las tácticas del ICE en sus jurisdicciones.
