El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría invocar la Ley de Insurrección de 1807 para desplegar fuerzas armadas en Minneapolis, en respuesta a las protestas y enfrentamientos registrados en esa ciudad tras operativos migratorios federales.
La advertencia se produjo luego de varios días de disturbios entre manifestantes y agentes federales, en un escenario que ha reavivado el debate nacional sobre los límites del poder presidencial y la autonomía de los estados.
Trump señaló que el gobierno federal actuará de manera directa si las autoridades estatales no logran contener los desórdenes, dejando abierta la posibilidad de emplear al Ejército para restablecer el orden público.
¿Qué es la Ley de Insurrección?
La Ley de Insurrección forma parte del Título 10 del Código de Estados Unidos, específicamente en las secciones 251 a 255. Esta normativa autoriza al presidente a utilizar fuerzas armadas dentro del territorio nacional en casos de insurrección, violencia interna u obstrucción al cumplimiento de la ley federal.
Se trata de un recurso considerado excepcional, que permite al Ejecutivo intervenir incluso sin autorización estatal si considera que las leyes federales no están siendo aplicadas correctamente.
Antes de su aplicación, el presidente debe emitir una proclamación oficial que ordene a los involucrados dispersarse de manera pacífica. Solo después de ese aviso puede autorizarse el despliegue militar.
Esta legislación funciona como una excepción a la Ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe al Ejército realizar tareas policiales ordinarias. Al invocarse la Ley de Insurrección, dicha restricción queda suspendida temporalmente.
Sin embargo, su aplicación no equivale a la ley marcial, ya que el gobierno civil continúa en funciones y los militares actúan únicamente en apoyo a las autoridades civiles.
Antecedentes históricos
El uso de esta facultad ha sido limitado en la historia reciente de Estados Unidos. La última vez que se aplicó fue en 1992 durante los disturbios de Los Ángeles.
También fue utilizada en décadas pasadas por los presidentes Dwight Eisenhower y John F. Kennedy para garantizar la integración escolar en el sur del país, lo que muestra que su activación suele estar vinculada a crisis internas de alto impacto.
El origen de la tensión en Minneapolis
La crisis actual comenzó tras un amplio operativo migratorio encabezado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, en el que participaron aproximadamente 3,000 agentes federales.
El gobierno federal presentó estas acciones como parte de una estrategia para combatir fraudes vinculados con guarderías, pero dos incidentes ocurridos en enero detonaron el malestar social.
El 7 de enero, la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good murió tras recibir disparos de un agente federal durante un operativo. Días después, el migrante venezolano Julio César Sosa-Celis resultó herido de bala en la pierna durante un intento de detención.
Ambos casos provocaron manifestaciones masivas que derivaron en enfrentamientos con las fuerzas federales. Manifestantes denunciaron el uso de gases lacrimógenos, dispositivos de control de multitudes y la presencia de vehículos sin identificación oficial.
Choque entre autoridades locales y federales
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, solicitó públicamente el retiro de los agentes federales, mientras que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, pidió a la población documentar los operativos con teléfonos celulares para garantizar la transparencia.
Estas posturas contrastan con la narrativa de la Casa Blanca, que ha defendido la legalidad de los operativos y ha asegurado que su único objetivo es garantizar el cumplimiento de la ley federal.
Trump reiteró que cuenta con herramientas legales para responder a los disturbios y mencionó explícitamente la posible aplicación de la Ley de Insurrección si la situación continúa escalando.
Un debate nacional abierto
El escenario en Minneapolis ha puesto nuevamente en primer plano la discusión sobre el alcance del poder presidencial y la relación entre seguridad federal y derechos civiles.
De concretarse la invocación de la Ley de Insurrección, Estados Unidos enfrentaría un despliegue militar interno poco común en su historia reciente, con implicaciones políticas, legales y sociales de gran trascendencia.
Por ahora, la aplicación de esta medida dependerá de la evolución de las protestas y de las decisiones que adopte el Ejecutivo federal en los próximos días.
