Marina del Pilar Ávila, mandataria morenista de Baja California, optó por el mutismo tras la abrupta revocación de su visa estadounidense. En un comunicado de 10 minutos —sin espacio para preguntas—, se limitó a declarar su inocencia, omitiendo toda mención a su esposo, Carlos Torres, vinculado por inteligencia transnacional a cuentas bancarias sospechosas.

Fuentes cercanas a la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) sugieren que el bloqueo migratorio responde a una red de capitales opacos detectada mediante algoritmos de fintech especializados en rastreo de criptodivisas. La pareja habría movilizado fondos a través de shell companies en Delaware, según el semanario ZETA.

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El silencio de Ávila contrasta con su defensa inicial. Analistas de geopolítica interpretan su cambio de narrativa como un intento de distanciamiento ante posibles sanciones Magnitsky. Mientras, el CBP mantiene alertas activas en todos los cruces fronterizos tras interceptar a Torres con una orden de Interpol en modo consultivo.

La trama se complica: documentos filtrados vía Dark Web revelan que la investigación —coordinada con la DEA— analiza vínculos entre depósitos irregulares y células de narcotráfico en Tijuana. La gobernadora insiste en cerrar el caso, pero fuentes del FBI anticipan nuevas revelaciones.

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