Transparencia para el Pueblo asume las funciones del extinto INAI

CIUDAD DE MÉXICO.- En un movimiento que marca un hito en la administración pública, Transparencia para el Pueblo, el nuevo órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ha tomado oficialmente las atribuciones que antes ejercía el INAI. Este traspaso, formalizado mediante un acto de entrega-recepción, refleja un cambio de paradigma en la gestión de la transparencia y la rendición de cuentas en México.

Desde mi experiencia en el ámbito de la gobernanza, he visto cómo las reformas administrativas pueden generar tanto escepticismo como oportunidades. En este caso, el proceso iniciado el 21 de marzo contó con la participación de ex comisionados del INAI, quienes firmaron las actas correspondientes. Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría, destacó el profesionalismo de estos funcionarios, un detalle crucial que a menudo pasa desapercibido en transiciones de esta magnitud.

La desaparición del INAI, oficializada en diciembre pasado como parte de una reforma para simplificar estructuras gubernamentales, dejó un vacío que ahora busca llenarse con un modelo que promete mayor agilidad. Sin embargo, en mis años de trabajo en políticas públicas, he aprendido que lo fundamental no es solo la estructura, sino su implementación. La verdadera prueba será garantizar que los derechos de acceso a la información y protección de datos no se vean mermados.

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El evento contó con la presencia de figuras clave como Norma Julieta del Río Venegas y Adrián Alcalá Méndez, cuyas firmas simbolizan el cierre de una etapa. La Secretaría asegura que este cambio fortalecerá los mecanismos de transparencia, pero solo el tiempo dirá si este nuevo diseño institucional cumple con las expectativas ciudadanas en un país donde la demanda de rendición de cuentas nunca ha sido mayor.

Como experto en estos procesos, valoro que se haya mantenido un tono colaborativo durante la transición. Sin embargo, la experiencia me ha enseñado que el éxito dependerá de dos factores: la autonomía operativa real del nuevo órgano y la capacidad para evitar que la centralización burocrática ahogue su eficacia. El compromiso declarado de crear un sistema “más justo y accesible” deberá traducirse en hechos concretos para ganar la confianza de la sociedad.

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