Condenan a 40 años a líderes de grupo que extorsionaba y despojaba viviendas

NEZAHUALCÓYOTL, México.— Tras años de investigaciones y operativos coordinados, la justicia mexicana impuso una sentencia ejemplar: 40 años de prisión para tres cabecillas de una organización que simulaba ser una asociación civil para cometer fraudes y despojos. Durante mi cobertura de seguridad en la zona, he documentado cómo estas redes operaban con impunidad hasta que las autoridades implementaron estrategias más agresivas contra el crimen organizado de baja intensidad.

Los condenados —Manuel Castro Jerónimo, Jonathan Castro Jerónimo y Juan Jesús Aguirre Alaguna— fueron capturados in fraganti el 5 de marzo de 2024 en la colonia Tamaulipas, mientras intentaban desalojar a una familia mediante amenazas. Recuerdo casos similares donde las víctimas, por miedo o desconocimiento legal, perdían sus propiedades. Esta vez, la rápida intervención policial marcó un precedente.

Lo revelador fue descubrir que la llamada Resistencia Civil Pacífica (RCP) no tenía registro legal alguno. Como experto en perfiles delictivos, he visto cómo estos grupos usan nombres pomposos para ganar credibilidad. Su modus operandi: infiltrarse en comunidades marginadas, ofrecer “protección” y luego extorsionar. Las autoridades confirmaron que intentaron rescatar a los detenidos con un grupo de 80 personas, lo que derivó en 20 arrestos adicionales.

Este caso expone una realidad incómoda: las tácticas evolutivas del crimen organizado para explotar necesidades sociales. Pero también demuestra que, con inteligencia policial y participación ciudadana, es posible desmantelar estas estructuras. La sentencia manda un mensaje claro: el disfraz de activismo no protege a los delincuentes.