¿Qué se esconde detrás del rápido deterioro de una obra pública millonaria? El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, ha lanzado una acusación que resuena como un aldabonazo: la obra de mitigación en la emblemática glorieta de Rubén Darío, ejecutada bajo la administración morenista de Víctor Hugo Romo, fue, en sus propias palabras, “un gran desfalco y una tranza muy grave”.
La investigación periodística de EL UNIVERSAL profundiza en estas afirmaciones. Según la versión del edil, se instaló una carpeta de concreto hidráulico con una expectativa de vida útil de dos décadas. Sin embargo, la realidad desmintió brutalmente las promesas. En menos de un año, el pavimento ya presentaba grietas y baches, una falla prematura que levantó sospechas inmediatas.
Al reconstruir los hechos, Tabe fue contundente: “La administración de Morena tuvo conocimiento de que las cosas se estaban haciendo mal y no hizo nada”. Este no sería un simple caso de mala ejecución, sino un presunto acto de corrupción escandaloso. La pregunta que surge es inevitable: ¿dónde quedó la supervisión?
La trama se complica al conocer las cifras. A la obra le habían sido asignados cerca de 30 millones de pesos del erario público, una suma que, según las acusaciones, no se tradujo en calidad. La investigación del actual gobierno delegacional descubrió una irregularidad crucial: el espesor del concreto era inferior a 10 centímetros, cuando la normativa técnica exige un mínimo de 20. Esta discrepancia no es un detalle menor; es la evidencia material de un presunto fraude.
Pero, ¿quiénes son los verdaderos afectados? Tabe conecta los puntos de manera elocuente: “Los vecinos terminan pagando doble la corrupción”. Primero, sufren el deterioro de su espacio urbano y la inseguridad vial. Después, sus impuestos deben destinarse nuevamente a reparar lo que nunca debió fallar. Los seis millones de pesos invertidos en la reparación podrían haber beneficiado a seis escuelas públicas con obras urgentes, un costo de oportunidad que evidencia el impacto social de la presunta mala praxis.
Al desentrañar esta madeja de presuntas irregularidades, surge una conclusión inquietante. Este caso en Polanco no sería un incidente aislado, sino un ejemplo emblemático de un modus operandi que prioriza el beneficio indebido sobre el servicio público. La revelación final es que la calidad de una obra no se mide solo al inaugurarla, sino en su capacidad para resistir el paso del tiempo y honrar la confianza ciudadana. Algo que, según esta investigación, fracasó estrepitosamente en el corazón de una de las zonas más transitadas de la Ciudad de México.
