El gobierno lanza un programa de vivienda accesible para jóvenes marginados

En una jugada que podría redefinir el acceso a la vivienda para miles de mexicanos, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) prepara el lanzamiento de un programa polémico y ambicioso: Vivienda para el Bienestar. ¿Pero qué hay detrás de esta iniciativa que promete rentas asequibles para jóvenes sin propiedades? Fuentes internas revelan detalles que no aparecen en los comunicados oficiales.

Investigaciones exclusivas muestran que, a diferencia de versiones anteriores, este esquema excluirá el registro digital, optando por un enfoque territorial con módulos físicos y censos puerta a puerta. ¿Se trata de una estrategia para evitar filtraciones o de un mecanismo de control más estricto? Documentos obtenidos por este medio sugieren que los Servidores de la Nación tendrán acceso a datos sensibles de los beneficiarios, incluyendo historiales familiares y patrones de consumo.

El programa, que arrancará en julio de 2025 bajo un estricto protocolo presencial, prioriza a jóvenes con dependientes económicos y sin afiliación a Infonavit. Sin embargo, testimonios de funcionarios anónimos plantean dudas: “Los criterios de selección podrían dejar fuera a quienes más lo necesitan”, advierte una fuente dentro de la Conavi, mientras muestra documentos que revelan cuotas municipales no divulgadas.

Entre los requisitos más controversiales está la exigencia de cinco años de residencia comprobable, una barrera para población flotante. ¿Está diseñado el programa para beneficiar solo a raíces locales? Expertos consultados señalan inconsistencias en los mecanismos de verificación, mientras vecinos de zonas marginadas expresan escepticismo: “Ya hemos visto programas que terminan en corrupción”, comenta un habitante de Nezahualcóyotl bajo condición de anonimato.

Lo que sí es seguro: la demanda superará por mucho la oferta. Con un tope de renta del 30% del ingreso familiar y solo dos salarios mínimos como límite, el programa podría dejar fuera a millones. Mientras las redes sociales de la Conavi prometen transparencia, este medio encontró discrepancias en los polígonos prioritarios publicados versus los documentos internos. ¿Habrá un trasfondo político en la selección de zonas?

La investigación revela un dato crucial: aunque se anuncia como apoyo universal, documentos filtrados muestran que el 60% de los recursos estarán concentrados en solo 12 entidades federativas. ¿Por qué esta distribución desigual? Las respuestas podrían estar en los contratos de construcción ya adjudicados a empresas específicas, según evidencian registros públicos.

Con una convocatoria pendiente y plazos ajustados, el programa se enfrenta a su primer desafío: demostrar que puede romper con los vicios de asistencialismos anteriores. Mientras tanto, miles de jóvenes esperan con escepticismo una oportunidad que, prometen, será diferente. Pero como todo en política social, el diablo está en los detalles no contados.