En un giro narrativo que Jonathan Swift hubiera encontrado deliciosamente cínico, un legislador del Partido Verde Ecologista ha descubierto el activo más preciado del siglo XXI: los datos que el propio gobierno mexicano no puede proteger.
El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo presentó una iniciativa para castigar con hasta quince años de prisión a quien acceda o comercie con información gubernamental sensible. La propuesta declara las bases de datos como ‘infraestructura crítica’, al nivel de una presa o una central eléctrica.
La ironía, por supuesto, es sublime. Mientras se propone este blindaje jurídico monumental, la realidad cotidiana muestra portales de transparencia caídos, servidores vulnerados y expedientes que se evaporan cuando conviene al poder. Se pretende custodiar con leyes de hierro lo que a menudo ni siquiera existe en formato digital.
“Si una base de datos poblacional es vulnerada, se vulneran los datos de la población”, declaró el diputado Delgado Carrillo con solemnidad.
Lo que no añadió es que esos mismos datos suelen estar más seguros en manos de empresas privadas que en los discos duros del Estado. La iniciativa busca castigar al hacker externo, pero guarda un silencio ensordecedor sobre el funcionario que vende curules, el servidor público que ‘pierde’ millones de registros, o la autoridad que usa la información para fines electoralistas.
El experto Martín Barragán argumentó que debemos proteger “nuestra identidad, datos poblacionales y biométricos en posesión del Estado”. Una noble preocupación, en un país donde ese mismo Estado ha demostrado repetidamente su incapacidad para guardar hasta las actas de nacimiento.
La propuesta otorga la custodia final de este tesoro nacional a la Fiscalía General y a las secretarías de Defensa y Seguridad. Es decir, a las mismas instituciones cuya opacidad es legendaria y cuyos sistemas internos son frecuentemente citados en informes sobre opacidad gubernamental.
El diputado Óscar Bautista defendió la idea diciendo que “los datos son tan importantes como una carretera”. Tiene razón. Ambas pueden estar llenas de baches, mal construidas y conducir a ningún lado, pero sigue siendo ilegal robarlas.
En resumen: se propone construir una bóveda fortificada para guardar algo que ya se filtró por las ventanas. La sátira se escribe sola.
