Una reforma disruptiva en el ecosistema fiscal
El Pleno del Senado dio luz verde, en lo general, a una transformación digital y legal de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Este cambio otorgaría al Sistema de Administración Tributaria (SAT) la potestad de apelar sentencias judiciales adversas. No obstante, durante la votación de una reserva, la oposición parlamentaria ejecutó una estrategia de salida masiva, colapsando el quórum y forzando la clausura momentánea de la sesión.
Ante este bloqueo táctico, la presidenta en funciones de la Mesa Directiva, Verónica Camino, activó un protocolo de continuidad y convocó a una nueva sesión extraordinaria para la misma noche.
¿Un retroceso en la defensa del contribuyente en la era digital?
Los legisladores opositores manifestaron un rechazo categórico, alertando que esta innovación normativa representa un instrumento más para limitar los mecanismos de defensa ciudadana frente a posibles arbitrariedades de la autoridad hacendaria. Javier Corral Jurado, al frente de la Comisión de Justicia, defendió la enmienda como un avance para cumplir el mandato constitucional de que los tribunales administrativos resuelvan en un plazo máximo de seis meses, introduciendo plazos genéricos de cinco días para actuaciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que actualmente carecen de ellos.
La oposición denuncia “terrorismo fiscal” digitalizado
Los críticos acusan que se trata de una reforma asimétrica que beneficia unilateralmente a la autoridad. La modificación del artículo 63, según el PAN, crea un “amparo a la medida” para el fisco. Ricardo Anaya, su coordinador parlamentario, lo calificó como “terrorismo fiscal“, ejemplificando que un ciudadano que gane un juicio por desbloqueo de cuentas podría seguir afectado por una apelación automática.
Alejandro Moreno del PRI alertó sobre un efecto disuasorio: “Si tras una solicitud de devolución de IVA te esperan diez auditorías digitales, el incentivo para reclamar derechos se desvanece”.
La panista Guadalupe Murguía señaló que se “regala a la autoridad un medio de impugnación específico”, prolongando la incertidumbre jurídica. Luis Donaldo Colosio de Movimiento Ciudadano añadió que se alargan los procesos, generando inestabilidad financiera para pymes y emprendedores que dependen de la agilidad en la justicia.
El quórum como arma política en la gobernanza del siglo XXI
La iniciativa se aprobó en lo general con 64 votos a favor y 33 en contra. Al detectar que el oficialismo y sus aliados no tenían por sí solos el quórum necesario para las reservas, la oposición ejecutó una maniobra de retirada táctica, colapsando la sesión y evidenciando las nuevas dinámicas de confrontación en el legislativo.
